Sanidad estudia una ley que le permita jubilar a todos los médicos a los 65 años

La Conselleria de Sanidad estudia la posibilidad de promulgar una ley de rango superior a la actual que le permita jubilar a todos los médicos a los 65 años. De este modo, si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) falla finalmente a favor de los sindicatos, la Generalitat se asegura la reducción de aquellos facultativos que, cumplidos ya los 65, piden una prórroga para seguir ejerciendo hasta los 70. Solo podrían hacerlo en casos muy excepcionales.

De momento, un centenar de facultativos mayores de 65 años y una treintena de médicos que no llegan a esta edad se han jubilado acogiéndose al plan de ordenación de la profesión promovido por la Conselleria de Sanidad. En concreto, desde el pasado 11 de junio -fecha de la entrada en vigor del Plan de Ordenación de Recursos Humanos- hasta este martes 1 de octubre, el primer grupo suma un total de 105 empleados del sistema público sanitario, mientras que en el segundo grupo se llega a los 32 solicitantes.

El pasado mes de junio Sanidad hizo pública su propuesta. Planteaba jubilar a los mayores de 65 años -unos 700 en la Comunitat-. Solo podrían seguir ejerciendo hasta los setenta aquellos que o bien acreditaran un «valor añadido» o no tuvieran sustituto, ya fuera por motivos geográficos o porque no había sustituto en su especialidad. Sanidad se reservaba el derecho de jubilar a aquellos facultativos mayores de 65 años que estuvieran disfrutando ya de su prórroga una vez ésta finalizara.

El debate de las prórrogas

No obstante, la medida fue rápidamente rechazada por los sindicatos con más representación en este colectivo y un mes más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana suspendía cautelarmente la propuesta de la Generalitat de jubilación forzosa, permitiendo seguir en activo a unos 600 trabajadores sanitarios.

Así, el auto del Tribunal valenciano obligó a la Conselleria a suspender temporalmente la jubilación del personal que preveía su plan a la espera de conocer los términos de dicha suspensión, reservándose el derecho de presentar un recurso contra la decisión del TSJCV. Sin embargo, recordaban que el auto no invalidaba la orden de la jubilación del personal a los 65 años, solo a los que pedían la prórroga hasta los setenta años.

A principios del pasado mes de septiembre, el sindicato CSIF impugnó a su vez el recurso de Sanidad contra el auto de TSJCV. Entre los argumentos esgrimidos en la impugnación destaca que la orden de la Administración no puede tener efectos retroactivos y anular el derecho concedido a la prolongación del servicio activo, pues se trata de derechos adquiridos de los empleados públicos.

La agrupación sindical entiende que «deben respetarse los derechos adquiridos y situaciones jurídicas creadas al amparo de la normativa anterior».

A juicio de CSIF, la decisión del TSJCV de suspender cautelarmente esa jubilación forzosa hasta que emita sentencia firme «no supone un perjuicio para la Administración».