Ayuntamiento de Madrid

Carmena gasta más de 100.000 euros en placas

El dictamen de la Comisión de Memoria Histórica estableció el cambio de nombre a 52 calles

Manuela Carmena, en una imagen de archivo/Foto: J- Fdez.-Largo
Manuela Carmena, en una imagen de archivo/Foto: J- Fdez.-Largolarazon

Transparencia fuerza al Ayuntamiento de Madrid a explicar el coste del cambio del callejero.

Ha sido necesaria una reclamación oficial al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que el Ayuntamiento de Madrid revele por fin el coste definitivo y concreto del cambio de placas y señalización por la Ley de Memoria Histórica. Una petición repetidamente realizada en las ruedas de prensa y respondida con un lanzamiento de balones digno de la NBA. Sin embargo, ahora el Consistorio madrileño presume de Transparencia, premiada con un 10 según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, e ignora que han sido obligados por el Consejo de Transparencia a remitir los datos a la Plataforma Millán Astray, autores de la petición de información.

De este modo, el Ayuntamiento que gobierna Manuela Carmena gastó más de 100.000 euros en el cambio de placas y señalética en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. En concreto, el gasto se ha distribuido en cuatro lotes para placas y otros tantos para señalización, con un coste total de 94.779,38 euros a los que hay que añadir el IVA correspondiente, con lo que supera de largo los 100.000 euros. Una cantidad bastante alejada del «en torno a 50.000 y 60.000 euros» que calculó el Consistorio el pasado mes de abril, antes de comenzar el cambio de calles y que, además, presenta irregularidades, tal y como ha denunciado a su vez la Plataforma Millán Astray después de recibir los datos.

Y es que, según los datos proporcionados por el Ayuntamiento de Madrid existen diferencias entre el coste de cambiar unas placas y otras. Habitualmente, el precio de las placas se sitúa entre los 89 y los 110 euros, y el de las señales de informativa urbana, en torno a los 500 euros. Sin embargo, en el caso de la Avenida Memoria, figura que el cambio de cuatro placas –que no señalización–, tiene un coste superior a mil euros, arrojando un precio final de más de 250 euros por cada nombres de calle sustituido.

Es por ello que la Plataforma Millán Astray reclama una auditoría en la que el Consistorio dé explicaciones por esta diferencia de costes así como el motivo por el que estos gastos se han asignado a la partida presupuestaria de «reparación, mantenimiento y conservación de otro inmovilizado material», dentro del contrato integral de movilidad de la ciudad, que data de 2013, antes de que gobernase Ahora Madrid. Igualmente, recuerdan que aún existen procedimientos judiciales que ponen en tela de juicio el cambio de denominación de las calles, entre los que se encuentran ocho denunciadas por la propia plataforma y cuyo coste de cambio ha sido de unos 25.000 euros. Por último, exigen al equipo de Manuela Carmena una explicación de por qué el expediente de cambio de calles no ha sido fiscalizado e informado por la intervención municipal.

Al respecto, desde el Consistorio consideran que «al no haber ninguna sentencia judicial firme que establezca que no se ajuste a derecho la actuación municipal llevada a cabo, y siendo el Ayuntamiento de Madrid optimista en este sentido, se ha presupuestado de acuerdo a los gastos materializados y mientras no haya una sentencia judicial firme, no se actuará en otro sentido». El Gobierno municipal ha recurrido hasta el momento todas las sentencias en contra del cambio de nombre de calles.

La última sentencia judicial falla contra el cambio de nombres

El pasado 30 de julio una nueva sentencia, en este caso del Juzgado Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid, fallaba en contra del Ayuntamiento de la capital por la nueva denominación de las calles. En la misma, el juez se refería a otras seis sentencias de otros tantos juzgados que también habían resuelto que «inciden, en su mayor parte, en la falta de motivación suficiente del Comisionado de la Memoria Histórica», a la hora de decidir el cambio de nombre y remitía al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la necesidad de establecer un criterio común.