Duelo de titanes por el control de La Cubierta

La contienda ya venía de lejos, justo desde que Jesús Gómez (PP) llegó a la Alcaldía de Leganés y, durante sus primeras fiestas patronales, se negó a pagar los encierros populares a los organizadores: la empresa Asuntos Taurinos y Espectáculos S L, con el empresario Julio Torres a la cabeza. Al contrario que sus predecesores socialistas, el actual regidor entendía que el pliego de condiciones de la concesión de La Cubierta eximía al Ayuntamiento de este pago. Desde ahí, los populares festejos de Nuestra Señora de Butarque siempre han pendido de un hilo, hasta que este año se rompió. Los leganenses sólo disfrutaron del primer día de los tres programados y, al incumplir el programa de festejos, el Ayuntamiento de la localidad anunció la rescición de la concesión a la empresa de Torres, un proceso que ya se está tramitando. La caja de Pandora estallaba y las acusaciones entre el empresario y el primer edil no han cesado. Sin embargo, al Ejecutivo de Jesús Gómez le ampara una sentencia dictada el pasado 12 de julio por el Juzgado de lo Contenciosos-Administrativo número 28 de Madrid. Justo un mes antes de la celebración de las fiestas patronales, la Justicia se había pronunciado y esgrimía que el Ayuntamiento tiene la potestad de fijar los precios en los festejos taurinos. Y éstos decidieron que ese precio iba a ser cero. El empresario dio ayer una rueda de prensa en la que, además de calificar al alcalde de «cacique», advirtió a los leganenses de que, si el Ayuntamiento decide rescindir el contrato, «les va a salir mucho más caro que haber llegado a un acuerdo». Es más, tachó de ilegalidad esa extinción de la concesión de La Cubierta y acusó al Ayuntamiento de «axfisiarle» económicamente al haberle hecho perder «más de 40 eventos». Entre ellos, Torres pretendió alquilar la plaza al promotor de Halloween en el Madrid Arena, Miguel Ángles Flores, para que realizara allí su fiesta de Nochevieja. El consejero delegado de Asuntos Taurinos anunció que acudirá a los tribunales por haberles retirado el consistorio la concesión de manera «ilegal». Dentro de esta guerra abierta que mantienen ambas partes, el Ayuntamiento de la localidad no tardó mucho en responder al empresario. El Gobierno de Jesús Gómez aclaró que el PP nunca había perdido ningún proceso judicial contra la empresa y explicó que el dinero que se «pudiera adeudar» al empresario corresponde a «litigios acaecidos en pasadas legislaturas» pero que, en cualquier caso, «las cantidades no se elevan a 242.000 euros», como afirmó el consejero delegado de la empresa.

El Ayuntamiento desmintió también que la Policía Municipal impidiera a los operarios de la empresa que explota La Cubierta retirar las talanqueras de los encierros ni que estén causando perjuicios económicos al empresario. Sin embargo, fuentes municipales aseguran que es lógico que la empresa haya visto mermados sus beneficios desde que cambió el Gobierno y dejó de cobrar por los festejos porque el Ejecutivo de Rafael Gómez Montoya (PSOE) había accedido a pagar los festejos a pesar de que, según el pliego de condiciones de la concesión, estaba exento.