El ERE ilegal de Parla costará 3,8 millones

El despido de 66 funcionarios en noviembre de 2011 va a salirle caro al Ayuntamiento de Parla, según los cálculos realizados por la propia administración local. En su día, la medida fue justificada por el jefe del Ejecutivo parleño, José María Fraile, por la existencia de un desajuste presupuestario. «El alcalde ha cogido el toro por los cuernos» subrayó entonces Tomás Gómez, precedesor de Fraile en el Consistorio. Los despidos contaron con el rechazo del Pleno municipal –PP, IU y UPyD votaron en contra– y fueron ejecutados sin indemnización. Con el paso de los meses, la consecuencia de todo ello ha sido un goteo de sentencias en las que la Justicia obliga a Parla a readmitir a los despedidos. Y es que, en este tiempo, los Juzgados de lo Social han ido dado la razón a los trabajadores que denunciaron su irregular salida del Ayuntamiento, sin que Fraile iniciara un proceso de ERE –preceptivo también para las administraciones públicas– ni abonara las indemnizaciones.

Ayer, el propio equipo de Gobierno de Fraile puso negro sobre blanco el coste final de la readmisión de los despedidos: 3,8 millones de euros. Esa cifra corresponde a los salarios de tramitación de estos trabajadores desde el momento en el que fueron despedidos hasta su reciente readmisión. Como la Justicia ha determinado que se trata de despidos nulos, estos funcionarios no han de percibir una indemnización, sino las nóminas que deberían haber cobrado durante los meses –casi dos años– en los que han permanecido fuera del Ayuntamiento.

La cifra de los 3,8 millones de euros la incluye el Consistorio dentro del documento que ha remitido al Ministerio de Hacienda como actualización del Plan de Saneamiento del Ayuntamiento de Parla, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, y que fue aprobado ayer por el Pleno municipal con los votos de los ediles socialistas y de Izquierda Unida. «En el presente ejercicio, deberán abordarse las indeminzaciones derivadas del proceso judicial que ha anulado la amortización de 50 puestos de trabajo por un importe aproximado de 3,8 millones de euros», sostiene el documento. A día de hoy, y pese a que en las sentencias de readmisión se establece un plazo que suele situar en el entorno de los 15 días, esos salarios de tramitación todavía no han sido abonados, a excepción de una trabajadora, la primera en ser readmitida, que sí cobró las nóminas pendientes.

Al plan de saneamiento financiero propuesto por Hacienda se acogieron en 2013, algunos de los ayuntamientos más endeudados de España, como herramienta complementaria del Plan de Pago a Proveedores. Parla se adhirió a este programa en septiembre sin cumplir los requisitos solicitados por el Gobierno, como la presentación detallada de un plan de ajuste o la aprobación de un presupuestos equilibrado. A pesar de ello, Hacienda ofreció al consistorio, a través de un requerimiento fechado el 23 de diciembre de 2013, volver a redactar su Plan de Saneamiento Financiero.

En esta nueva versión del documento «de rescate», el conistorio vuelve a plantear a Hacienda la necesidad de que se le concedan medidas de excepción y nuevas vías de financiación. Entre otras cosas, solicita que Hacienda les permita refinanciar los 20 millones de euros de déficit que las arcas municipales acumularon sólo durante 2013, a pesar de que los ayuntamientos están obligados por ley a respetar la estabilidad presupuestaria. También solicita que el Ministerio relaje las contraprestaciones que le impuso por su participación en el Plan de Pago a Proveedores. Entre las tres fases de este plan, Parla recibió más de 300 millones de euros para pagar facturas pendientes a proveedores. En lugar de comprometerse a devolverlos en 10 años, Parla pidió devolver el dinero en 20 años. A cambio, Hacienda estableció que retendría el 50% de lo que le corresponde a la ciudad de Parla en concepto de impuestos estatales. De esta forma, actualmente, el Ministerio sólo transfiere 900.000 euros de los 1,8 millones que le corresponden. Lo que ahora, en la actualización del Plan de Saneamiento sugiere el consistorio es que en lugar del 50%, Hacienda le retenga sólo el 25%.

Parla también le plantea al departamento dirigido por Cristóbal Montoro poder refinanciar de corto a largo plazo deuda bancaria por valor de 35 millones de euros, a pesar de que los informes de la Intervención Municipal dejan claro que esa deuda «ya es a largo plazo». El documento tampoco entra en detalle en torno a las medidas de austeridad que el consistorio debe aplicar como contraprestación al «rescate» solicitado.

Versión II del Plan de Saneamiento

El Pleno municipal decidió ayer remitir al Ministerio de Hacienda una actualización del Plan de Saneamiento redactado el pasado año. Es en este documento, en el capítulo dedicado a los gastos, donde el consistorio reconoce que «en el presente ejercicio, deberán abordarse las aindeminzaciones derivadas del proceso judicial que ha anulado la amortización de 50 puestos de trabajo por un importe aproximado de 3,8 millones de euros».