El profesor del Vallmont pide salir de la cárcel por «presión psicológica»

La defensa del acusado de abusar de siete menores vuelve a pedir la libertad, ahora por su situación en Valdemoro.

La defensa del profesor del Colegio Vallmont que supuestamente abusó de varios de sus alumnos menores de edad insiste en que su representado no tiene el perfil típico ni del abusador –como ya reclamó en la vistilla tras el traslado de Carlos R. I. al juzgado de El Escorial–, ni tampoco del clásico «prófugo». Es más, aseguran que está sufriendo una «presión psicológica» en prisión. Así lo reclama el abogado del docente en el recurso interpuesto contra el auto de prisión del pasado 18 de marzo para pedir, de nuevo, su puesta en libertad condicional. Recurso que fue impugnado ayer por la acusación particular que insiste en la peligrosidad del acusado.

Sin embargo, el letrado de Ruiz sostiene que no hay riesgo de fuga, ni de reiteración delictiva ni de destrucción de pruebas. En cambio, tiene un fuerte arraigo social y familiar, se pueden adoptar medidas alternativas y la prisión provisional no puede convertirse en ningún caso en un «cumplimiento anticipado de la pena». Además, el defensor del profesor denuncia que su patrocinado «está sufriendo una gran presión psicológica en la cárcel».

En ese recurso, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se parte de que el imputado «no es ningún peligro público actual, por lo que su puesta en libertad no permite suponer ningún perjuicio ni posibilidad de reincidencia», ya que ha sido despedido del centro escolar. Así, sostiene la defensa que en ningún caso se puede hablar de riesgo de fuga, pues se encuentra casado con dos hijas pequeñas, una de las cuales será intervenida quirúrgicamente próximamente, tiene domicilio fijo y carece de familia o conocidos en el extranjero. En definitiva, se esgrime al respecto, «cuenta con un fuerte arraigo, por lo que es sumamente improbable» que se sustraiga a la acción de la Justicia, y donde, además, «cuenta con todo el apoyo de su familia en este asunto», en alusión al argumento de la magistrada, relacionado con el posible riesgo de fuga, de que «se desconoce cuál será su nueva situación familiar tras la denuncia interpuesta contra él».

Por el contrario, se afirma en este punto, el profesor es «una personal normal, cuyo perfil no es el de prófugo de la Justicia». De esta forma, ese riesgo de fuga, sostiene la defensa, no tiene ninguna base fáctica, pero, en todo caso, se pueden adoptar medidas para eliminarlo radicalmente si se entiende que existe, tales como las comparecencias periódicas en el juzgado, la retirada del pasaporte, órdenes de alejamiento, prohibición de impartir clases, establecer una fianza para que pueda quedar en libertad provisional o incluso la obligación de que lleve un dispositivo electrónico de localización.

Por su parte, la acusación particular de varias de las víctimas, ejercida por el letrado José Miguel Garrido Maestre, ha pedido que se confirme la prisión provisional del docente al entender que, de quedar en libertad, existiría un grave riesgo de fuga, derivada de altas penas que se le podrían imponer, así como de reiteración delictiva o la «gran alarma social que conllevan este tipo de delitos, y más cuando se producen en menores de edad, como es en el presente caso, y en el seno de un colegio».

En este sentido, Garrido Maestre destaca en su escrito de impugnación al recurso de la defensa que de lo actuado hasta ahora se desprende «de manera clara», aunque en estos momentos de forma indicia y presunta, que se podría estar ante unos delitos de abusos sexuales a menores de 13 años con la agravante de «condición de superioridad sobre los menores». Esto podría conllevar la imposición de penas graves, por lo que decretar la libertad provisional del imputado haría «aumentar de manera considerable el posible riesgo de sustracción a la Justicia». En cambio, mantener la situación actual, sostiene la acusación particular al respecto, es el único medio de «salvaguardar la buena marcha de la instrucción» de la causa. También sostiene que hay indicios suficientes de que pudo incurrir en esos delitos, toda vez que «basta una mera lectura de las exploraciones prestadas por los siete menores ante el grupo especial de la Guardia Civil, así como su contenido, para poder observar como el mismo es coherente y coincidente entre todos ellos», donde relataban un similar modus operandi de la forma en que, presuntamente, se producían esos abusos sexuales.