Fraile otorgaba «sobresueldos» a funcionarios sin criterios objetivos

El supuesto pago de «sobresueldos» a funcionarios continúa siendo investigado por el Juzgado número dos de Parla. Una causa por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales, en la que se investiga el pago de tres complementos: una ayuda lineal para todos los trabajadores destinada a actuaciones de protección social, otra procedente del «fondo de absentismo» y otra más para «gratificar» a aquellos trabajadores que decidiesen jubilarse de forma anticipada. Fuera de esa investigación, pero igual de controvertidos, han sido los pagos a los empleados públicos que el equipo municipal ha realizado en concepto de productividad. Retribuciones sin criterios objetivos y que, en determinados casos, permitían a algunos funcionarios «doblar» lo que percibían por su sueldo base. Casos con el de un informático municipal cuya productividad –de 1.600 euros– casi triplicaba su salario base o el del chófer del alcalde –con 600 euros de productividad en un salario de 3.800– ilustran las situaciones que este complemento provocaba. En septiembre de 2011, antes de despedir a 56 funcionarios, Fraile presentó a los sindicatos una propuesta para minimizar en lo posible el número de despedidos. Anualmente, el municipio destinaba 2,7 millones de euros a este complemento, y Fraile propuso entonces dejarlo en 2 millones. Entre las recetas del documento presentado por Fraile destaca el punto en el que recomienda el establecimiento de unos criterios objetivos para la cuantificación del complemento de productividad, en donde reconoce el propio alcalde que «el percibo del complemento de productividad no responde a lo dispuesto en el convenio colectivo ni su asignación responde a criterios objetivos previamente determinados». Y añade el documento municipal: «En algunos supuestos puede llegar hasta en un 100% de lo percibido como salario base». Pese a sugerir la posibilidad en septiembre de 2011 de cambiar los criterios para el pago de la productividad, este cambio no se produce hasta la celebración de una Junta Municipal en junio de 2012, en la que «se aprueban los criterios cuantificadores y de gestión del complemento de productividad». Pero la modificación sólo termina convirtiéndose en realidad tras la redacción de un informe por parte del director de Personal del municipio, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que éste afirma que el complemento tiene en Parla «una regulación caótica que genera problemas de legalidad e inseguridad jurídica, tanto para la Administración municipal como para los propios trabajadores». Del mismo modo, el director de Personal refleja en su documento cómo el complemento «se ha venido utilizando sin tener en cuenta el desempeño efectivo de cada funcionario». El informe recuerda la necesidad de negociar con los trabajadores criterios objetivos para el pago del complemento y que éste se base en criterios objetivos y no en la discrecionalidad del alcalde: «No es posible utilizar las retribuciones del complemento de productividad como un medio de compensación de otras retribuciones».