Horas extra para camuflar la huelga de los agentes de Movilidad

Los sindicatos critican que el Consistorio está boicoteando los paros semanales.

Llevan mucho tiempo reclamando que se los escuche y, aunque sí lograron reunirse con representantes políticos, no parece que vayan a llegar a ningún acuerdo. Los agentes de Movilidad del Ayuntamiento de la capital decidieron a finales del mes pasado convocar una huelga durante los fines de semana de diciembre y, de momento, también el primer fin de semana de enero al no alcanzar un entendimiento con representantes del Área de Medio Ambiente y Movilidad, que dirige la concejala Inés Sabanés. Plantean que el Cuerpo de Agentes de Movilidad ya no es útil para el ciudadano por falta de efectivos (sólo quedan unos 600 y sin tasa de reposición) y porque sus funciones han ido desapareciendo. Lo que muchos reclaman es que se realice una oposición para formar parte del Cuerpo de Policía Municipal y, de paso, se resuelva así la falta de efectivos que acusa este cuerpo. Se unificaría así todo lo relacionado con el tráfico y sus sanciones, mientras que ahora está separado en dos áreas de gobierno distintas (Movilidad y Seguridad).

El pasado fin de semana fue el estreno de la huelga y, al parecer, no fue secundada de forma masiva –entre otras razones, por la división que hay entre los sindicatos–, pero su efecto se notó aún menos por los funcionarios que hubo «pagados» por el Consistorio. Y es que los agentes de Movilidad denuncian que el Ayuntamiento de Manuela Carmena está «boicoteando» los paros que han convocado entre los profesionales del Cuerpo pagando horas a quienes han decidido no secundar la huelga. «Están camuflando como horas extra que normalmente se hacen en la época de navidades lo que es un boicot a una huelga convocada de forma legal», explicó ayer José Antonio Elices, uno de los agentes que están protestando y quien se sorprende de que sea precisamente un Gobierno como el de Ahora Madrid el que ponga trabas a una huelga de trabajadores. Elices insiste en que esto no es ninguna guerra de sindicatos, sino que fueron los mismos funcionarios quienes pidieron en Asamblea que se iniciaran estos paros tras no alcanzar buena sintonía con los representantes municipales. A la primera reunión, celebrada el pasado mes de julio, sí acudió la concejala del área, Inés Sabanés, pero a las otras dos ya han ido el director general de Gestión y Vigilancia de la Circulación, el subdirector y el director de Recursos Humanos del Ayuntamiento, según fuentes sindicales. En el primer encuentro, según las mismas fuentes, Sabanés se «comprometió» a integrarlos en Policía Municipal, pero, al parecer, la intención quedó diluida. Aunque oficialmente convocan UGT y Citam-UPM, también los apoyan sindicatos como Cppm, el sindicato más votado. Su portavoz, Francisco Torres, insiste en que lo único que se apoya es «la opción» a que los agentes de Movilidad que así le prefieran tengan la oportunidad de opositar al Cuerpo de Policía Municipal. Para ello sería necesario modificar la Ley de Coordinación de Policía Locales, una ley autonómica a cuya reforma (para que hubiera una deferencia hacia los agentes de Movilidad) debería instar el Ayuntamiento. «De esta forma se solucionaría uno de los principales problemas de la Policía Municipal, que es el de personal», sostiene Torres.

No obstante, desde el Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad (SPAM) –dentro de CSIT-UP– no creen en esta huelga porque «los sindicatos han vendido a estos funcionarios que pueden ser policías mientras no hay ninguna normativa que lo regule. El Ayuntamiento no puede modificar esa ley porque es autonómica». Sin embargo, los convocantes sostienen que, al tratarse de un cuerpo municipal, es el Consistorio quien debe dar soluciones e instar al Gobierno regional a que lo regule en la ley.

Mascarillas y chalecos

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos del área, Sergio Brabezo, exigió ayer para estos profesionales chalecos, máscaras, cascos integrales y tapones. Brabezo reclamó la carencia de chalecos entre estos funcionarios «a pesar de estar incluidos en el protocolo antiterrorista». También defendió que se necesitan más scooters, tienen cascos pero no son integrales y muchos de ellos tienen que usar tapones, que «no son proporcionados por el Ayuntamiento». «Trabajan sin mascarillas, incluso con altos niveles de contaminación, y están expuestos a estrés térmico, con temperaturas de hasta los 40 grados», matizó. Mientras, la delegada del área, Inés Sabanés, planteó que fuera un Cuerpo «menos sancionador», una instrucción que no acabaron de entender bien los profesionales, ya que simplemente aplican la normativa vigente.