La FRAVM, contra la cesión de suelo público a chabolistas que planea Carmena

Manuela Carmena planteó ayer la propuesta de ceder el suelo público para que los chaolistas puedan autoconstruir sus propias casas. Esta fue la respuesta que dio la alcaldesa a la pregunta sobre cómo solucionar los asentamientos ilegales en la capital que le realizó una madrileña a través del chat municipal #Túpreguntas. Al margen de si esta propuesta se queda en una “carmenada” más o si realmente el Ayuntamiento lo va a llevar a cabo, la intención del Consistorio no recibió buena acogida por parte de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que curiosamente fue presidida por Nacho Murgui, el número 3 de Carmena, hasta marzo del 2014.

En oposición a la alcaldesa, la FRAVM invitó a través de un comunicado al Ayuntamiento a “huir de soluciones cortoplacistas y a abordar el problema en toda su complejidad”. La Federación considera que la “gravedad” que ha tomado el problema requiere un modelo para reducir la desigualdad territorial de toda la región. Insisten en que proporcionar los terrenos sin intentar realizar otro tipo de cambios en lo social, educativo o laboral en estas familias que provienen de situaciones tan extremas “solo sirve para cambiar la ubicación la problemática”. El colectivo de vecinos además pide implicación por parte de la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos, las organizaciones sociales y de los vecindarios afectados, ya que considera que es un tema que hay que tratar en profundidad. La agrupación se ha referido al caso concreto de El Gallinero y se ha mostrado en contra a la propuesta de Carmena de ceder terrenos en Vallecas para que las personas censadas en este asentamiento puedan autoconstruirse sus viviendas. Creen por su parte que deberían aplicar el plan desarrollado para la Cañada Real que “proyecta el realojo de parte de sus vecinos y vecinas en otros barrios y municipios de la región”. En definitiva, para la FRAVM, “la solución más lógica” sería una medida para evitar la creación de nuevos colectivos marginales. Para ello es, según explican sería “imprescindible reformar y mejorar la Ley 2/2011”-mediante la cual la Cañada Real Galiana en una longitud aproximada de 14,2 kilómetros quedó íntegramente desvinculada de uso o servicio público- “que presenta numerosas deficiencias técnicas, así como la acción coordinada de los ayuntamientos”.