La Justicia pone fin a la última cruzada de los «camisetas verdes»

Archiva la denuncia contra Victoria por acusarles de lucrarse con la venta de las prendas. El auto, sobre el que no cabe recurso, confirma que algunos de los datos «se han revelado ciertos»

El presidente de la FAPA Giner de los Ríos, José Luis Pazos (tercero por la derecha), en octubre de 2011, junto a Tohil Delgado, del Sindicato de Estudiantes, José Ricardo Martínez (UGT) y Javier Martínez (CC OO), entre otros
El presidente de la FAPA Giner de los Ríos, José Luis Pazos (tercero por la derecha), en octubre de 2011, junto a Tohil Delgado, del Sindicato de Estudiantes, José Ricardo Martínez (UGT) y Javier Martínez (CC OO), entre otros

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha puesto el punto y final a la campaña judicial emprendida por los impulsores de las «camisetas verdes», la Asociación de Padres y Madres de Alumnos Giner de los Ríos, contra el hoy consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, por las manifestaciones que realizó éste cuando era presidente del Comité Jurídico del Partido Popular de Madrid y titular del Departamento de Asuntos Sociales de la Comunidad, en las que criticaba un supuesto beneficio económico obtenido de las ventas de las camisetas en protesta por la política educativa del Gobierno regional. Unas críticas que fueron acompañadas de una denuncia en la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal por «lucrarse» con la venta de las camisetas, un negocio que, según la denuncia, realizaron sin pagar IVA y obteniendo un 40% e beneficio sobre el precio total.

Los comerciantes de esas camisetas, según señaló entonces Victoria, habrían conseguido al menos unos 51.000 euros y un beneficio limpio de más de 20.000 euros que no declararon al fisco.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid dictó ayer un auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que reitera que las manifestaciones de Salvador Victoria no revelan el más mínimo indicio de delito, por lo que archiva definitivamente la causa, ya que contra esa resolución no cabe recurso alguno. Con anterioridad, el pasado 11 de octubre, ya rechazó en primera instancia la pretensión de la FAPA, pero ésta decidió proseguir la «cruzada» contra el consejero para que éste tuviese que responder ante los jueces.

Es más, en la resolución de la Sala se destaca, en relación con las declaraciones de Victoria, que éstas no pueden ser «equiparadas a la falsedad». En concreto, el auto apunta que «el mayor o menor acierto de las opiniones manifestadas por el querellado sobre las consecuencias jurídicas que, según su criterio y deberían derivarse de la comercialización de unas camisetas en la forma que expuso, no puede ser equiparado a la falsedad».

Parte del debate público

Tampoco otorga ninguna relevancia a efectos jurídicos al hecho de que el consejero hubiese acudido o no a los tribunales o Administración Pública competente –Agencia Tributaria– para investigar y, en su caso, sancionar, los hechos que consideraba ilícitos. Y ello, afirma el TSJ al respecto, porque esas manifestaciones hay que enmarcarlas «en un debate político iniciado e la Asamblea Legislativa de la Comunidad de Madrid y seguido después, aparte de por manifestaciones políticas de los grupos opositores, por reacciones ciudadanas que incidieron así en el debate público abierto en torno a las restricciones presupuestarias en el sector de la enseñanza pública». Junto a ello, el auto recuerda que el funcionamiento de un sistema democrático exige que los representantes políticos dispongan «de un amplio margen de de expresión de sus ideas y opiniones, como requisito ineludible para permitir el ejercicio de las funciones que tiene asignadas».

De esta forma, la Sala avala la decisión adoptada ya en octubre, en la que se especificaba que algunos de los datos aportados por Salvador Victoria «se han revelado ciertos» o, al menos, ni siquiera se cuestionaron en la querella. Y, en concreto, el hecho de que «determinadas entidades han vendido camisetas en las que se plasman mensajes reivindicativos», que esas camisetas se vendieron a un precio superior a su coste, «que las ganancias derivadas de la venta de esas camisetas han quedado al margen de cualquier tributación», así como que puso en conocimiento de la Agencia Tributaria y del juzgado de instrucción esos hechos que aún no han sido juzgados.