Más inspectores para detectar pisos turísticos ilegales en Madrid

El Ayuntamiento prorroga el refuerzo con otros 22 funcionarios más en la Agencia de Actividades. El objetivo será localizar, expedientar y cerrar los pisos turísticos ilegales de la capital.

Nada más aprobar ayer el nuevo Plan Especial para la regulación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, la Junta de Gobierno de Manuela Carmena ha aprobado hoy un nuevo refuerzo de funcionarios para la Agencia de Actividades con el objetivo de localizar, expedientar y cerrar los pisos turísticos ilegales.

Se trata de una prórroga de la campaña que inició el consistorio madrileño el pasado agosto y que en seis meses ha inspeccionado 11.936 viviendas, ya sea por denuncia vecinal o de oficio, las cuales han resultado en 1.729 expedientes disciplinarios. De éstos, actualmente hay 502 órdenes de cese de actividad.

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que el nuevo contrato de refuerzo supondrá un gasto de 883.735 euros y comprende el nombramiento de 22 funcionarios interinos de diversas categorías. En total se incorporarán diez arquitectos superiores, cuatro técnicos de administración general y ocho auxiliares administrativos. Este refuerzo tiene una duración anual prorrogable hasta un máximo de tres años.

Este retén se encargará a partir de ahora de revisar las VUT madrileñas que incumplan la normativa aprobada ayer que exige, entre otras cuestiones, que tengan licencia de actividad y cuenten con acceso independiente lo que supone, según reclamaron ayer las asociaciones del sector, el cierre de 10.000 pisos turísticos. Es por ello que anunciaron que emprenderán acciones legales individuales y colectivas contra el Ayuntamiento.

Al respecto, Maestre consideró que están en su derecho de ejercer estas acciones legales al igual que el consistorio es responsable de regular la situación de los pisos turísticos desde sus competencias urbanísticas. La portavoz, que señaló que se tarda aproximadamente un año en emprender acciones de cierre contra las VUT ilegales, criticó al Gobierno de la Comunidad de Madrid por no ocuparse del problema de los pisos turísticos.

Y es que uno de los conflictos que hay con las viviendas de uso turístico es determinar su número, puesto que los datos que ofreció ayer el Delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, que habló de en torno a 2.500 en el pleno municipal, corresponden a los inscritos en el registro de la Comunidad de Madrid. “Parece que hay bastantes más que en el registro de la Comunidad, pero en los estudios que hemos realizado es difícil saber cuántos hay porque algunos entran y salen del mercado”, detalló Maestre.

La portavoz valoró a su vez que, después de la repercusión informativa que ha tenido la nueva normativa sobre las VUT, haya un incremento de denuncias. De ahí la prórroga del refuerzo de inspectores dedicados a ello en exclusiva en la Agencia de Actividades