Madrid

«Peajes» contra la Ley para desahuciar a 300 familias

El Ayuntamiento exige a la cooperativa de Nuevos Ministerios que el patio de su manzana sea público

Los terrenos de la calle Raimundo Fernández Villaverde que la cooperativa residencial Metropolitan adquirió en 2014
Los terrenos de la calle Raimundo Fernández Villaverde que la cooperativa residencial Metropolitan adquirió en 2014larazon

El Ayuntamiento exige a la cooperativa de Nuevos Ministerios que el patio de su manzana sea público

Las 300 familias que integran la cooperativa Residencial Maravillas se sienten «rehenes» del Gobierno de Manuela Carmena. Quieren construir sus casas en los terrenos del antiguo taller de precisión de la calle Raimundo Fernández Villaverde que adquirieron en 2014 en una subasta pública del Ministerio de Defensa, pero el Ayuntamiento parece empeñado en que no lo hagan.

El Pleno de la capital aprobó de forma –Ahora Madrid votó dividido– el Plan Parcial de Reforma Interior. Aquella decisión despejó aparentemente su horizonte. Estas familias, que han aportado de media hasta el momentos 250.000 euros cada una, ven ahora como los técnicos del área de Urbanismo plantean modificaciones sobre el plan que el delegado José Manuel Calvo defendió en el Pleno y requisitos adicional contrarios a la normativa. En el pasado, estas 300 familias ya accedieron a reducir de una forma drástica el número de plazas de aparcamiento: de las 1.460 proyectadas a las 990 actuales. Aquella cesión era la condición que el Gobierno de Carmena puso a los cooperativistas para elevar el Plan Parcial al Pleno. Los socios de Residencial Maravillas. De poco les sirvió, porque ahora se dan de bruces con nuevos «peajes». La nueva pretensión del equipo de Ahora Madrid consiste en que el patio interior de la futura urbanización sea público. Según los portavoces de las 300 familias, la petición municipal «no tiene amparo legal alguno». No en vano lo que se propone es que un patio de manzana de carácter privado y con calificación urbanística de espacio libre privado vinculado al uso residencial pase a ser público y/o dotacional. A ello se une la exigencia del Ayuntamiento de locales comerciales por parte de la cooperativa «a un precio muy inferior al del mercado» como compensación a las «redes locales».

La cooperativa ya ha presentado alegaciones al Ayuntamiento al contemplar como contrarios a la Ley estos dos nuevos requisitos. Reclaman, además, que el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible tenga a bien recibirles. Dos de los afectados denunciaron ayer públicamente su situación: «Piden un órdago a todo, si cedéis, avanzaremos, y si no, esperaremos a que os muráis de inanición», señalaron. Estos cooperativistas acusan al Ayuntamiento de «confundir la Ley con la ideología» y reclaman únicamente «que se cumpla lo pactado en el plan parcial». Se sienten como «David contra Goliat», aunque reconocen que les «falta la honda».