Getafe

Una de las «escorts» chinas de karaoke logró huir de sus captores

La Razón
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La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, aportó ayer datos nuevos sobre la operación contra una mafia china de explotación sexual que traía a jóvenes asiáticas engañadas a la región y las obligaba a ejercer la prostitución en hoteles y karaokes. La Policía descubrió a los delincuentes después de que una de las mujeres, que, tal y como adelantó ayer LA RAZÓN, permanecía encerrada en un chalet de Getafe, lograse escapar y denunciar que había otra compatriota en la misma situación.

Los agentes localizaron el inmueble y liberaron a la otra joven, que se convirtió junto con su compañera en testigo protegida para poder actuar contra la mafia. Desde ese momento, la investigación policial logró identificar al resto de las víctimas, a los tratantes y dónde operaban. Finalmente, intervinieron un domicilio en Getafe, otro en Móstoles y tres en Madrid, en los cuales detuvieron a ocho personas –a las que se les imputan delitos de trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de determinación coactiva a la prostitución– y liberaron a otras tantas mujeres a las que explotaban sexualmente.

En los registros, la Policía se incautó de los pasaportes de las víctimas, 4.000 euros en efectivo, armas blancas y anotaciones contables sobre las deudas pendientes y los servicios prestados por las «escorts», que eran obligadas a prostituirse las 24 horas y a tener relaciones sin preservativo. También hallaron varias píldoras abortivas de origen chino que las mujeres debía tomar cuando quedaban embarazadas. Durante la operación también se ha desvelado que el grupo trabajaba con la banca «chipi», un método ilegal de contrabando de dinero.

Cifuentes explicó que, entre 2012 y 2013, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han desmantelado un total de 49 grupos criminales dedicados o relacionados con la trata de seres humanos, con el resultado de 171 detenidos y la liberación de 157 víctimas. «Estas víctimas son personas especialmente vulnerables, un colectivo especialmente débil que debe ser objeto de especial protección, por parte de las administraciones, de la Policía y la Guardia Civil, que serán inflexible en la persecución de estos delitos», afirmó la delegada.