Cs quiere que se apruebe la Ley contra la Corrupción antes de las elecciones

Erradicar la corrupción supondría un aumento del 20 por ciento del PIB en los próximos 15 años, según el portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, que basa esta afirmación en un estudio de Fernando Jiménez, experto del Consejo de Europa y de la Universidad de Murcia. «Por eso es más que necesario arrinconar estas prácticas».

Sánchez quiere que el proyecto de Ley de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción comience cuanto antes su tramitación parlamentaria para que se ponga en marcha antes de que acabe la actual legislatura. Así lo manifestó ayer, con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción.

La nueva norma sustituirá y ampliará la actual Ley de Transparencia y tiene como principal novedad el dotar al Consejo de Gobierno Abierto de entidad jurídica propia y que esté adscrito a la Asamblea Regional y no al Ejecutivo, como vía para garantizar su independencia y suficiencia de medios. También se ha previsto la profesionalización de la Comisión Ejecutiva.

Además, la Ley establece una protección para los funcionarios que denuncien comportamientos irregulares o corruptos en el seno de las administraciones públicas. El propio Consejo se ocupará de investigar la información aportada por el denunciante y será el encargado de entregarla a los tribunales de justicia en caso de que fuera necesario. También se establecen multas de entre 200 y 400.000 euros para sancionar todo tipo de irregularidad.

Otra de las novedades es la inclusión de los ayuntamientos, dado que la Región es la única en la que los ciudadanos no tenían amparado su derecho de acceso a la información pública municipal, por lo que si no son respondidos han de plantear un contencioso administrativo.

La nueva norma incide en la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana. «Pretendemos una reforma efectiva para garantizar la transparencia, tanto con una publicidad activa, como la del derecho de acceso». Sánchez hizo hincapié en la necesidad de participación de los murcianos, «porque es necesario una ciudadanía más informada y activa, sin la cual la reforma ética no es posible».

El portavoz de Cs se refirió al acuerdo de presupuestos regionales suscrito con el Gobierno en el que se establece una dotación presupuestaria de 150.000 euros para ponerla en marcha.