El PP se suma al sector del transporte en sus reivindicaciones económicas

Piden la bonificación de los peajes de la autopista, la retirada del impuesto al diésel y áreas de descanso seguras

El PP se ha sumado a las reivindicaciones que viene realizando el sector del transporte desde que se anunció la obligatoriedad de utilizar la autopista de peaje AP-7 por todos los vehículos con carga y la subida del impuesto al diésel.

Para dejar clara su postura, ha presentado una moción en la Asamblea Regional en la que solicita al Consejo de Gobierno que exija al Ejecutivo de la nación que apruebe una bonificación de los peajes para los conductores profesionales, se construyan áreas de descanso seguras en las vías obligatorias para que los conductores de los camiones puedan realizar sus descansos obligatorios sin riegos, ni para ellos, ni para sus mercancías y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez rectifique su nuevo impuesto al diésel.

En definitiva, se trata de impulsar y proteger, a través de los grupos políticos, a uno de los sectores productivos más importantes de la Región, donde hay más de 18.000 vehículos con licencia de transporte, según los datos de la Federación Regional de Organizaciones Empresariales del Sector del Transporte de Murcia (Froet).

La patronal ya ha manifestado las dificultades económicas que traerá para el sector las nuevas medidas, especialmente la subida del diésel cuyo coste para los transportistas murcianos se ha estimado en más de 71,25 millones de euros, lo que acabará repercutiendo en el bolsillo de los consumidores, según sus representantes.

El PP considera que hay que tomar alguna medida, dada la transcendencia que para la economía murciana tienen las decisiones del Ejecutivo socialista y sus socios de gobierno. «No podemos permanecer impasibles ante lo que es un grave ataque a un sector cuyo crecimiento regional, estimado en un 7,9 por ciento, supera en más de un punto a la media nacional». Murcia continúa liderando el ranking de semiremolques frigoríficos por provincias, con un número de 4.381, lo que supone el 16,34 por ciento del total nacional.

Las medidas, según el diputado popular, Domingo Segado, viene «a dejar claro el afán recaudatorio de Pedro Sánchez, con la intención de obtener ingresos para hacer frente a los pagos que debe a nacionalistas y populistas, en detrimento de un ámbito empresarial que parece estar en el punto de mira de los socialistas».

Pero no solo se trata del encarecimiento del diésel y del pago de la obligatoriedad de tener que circular por las autopistas de peaje. También está en el punto de mira la seguridad de los conductores y de los particulares que circulen por estas vías.

Según el sector, la AP-7 no está preparada para absorber este nuevo tráfico, dado que no tiene las suficientes áreas de descanso para que los transportistas puedan realizar sus paradas obligatorias. Por eso, en la moción presentada a la Asamblea, el PP pide que se construyan nuevas estaciones que garanticen la seguridad.

Segado insiste en que si todos los camiones circulan por la misma carretera su colapsarán las vías y las estaciones de servicio.

En algunas comunidades los transportistas han planteado jornadas de protesta ante la imposibilidad de circular por la N340 y el coste que suponen los peajes, en una vía que, insisten, ya debería estar liberalizada de pago.

En la valoración realizada sobre los efectos del impuesto al diésel la patronal estima que supone más de 22 millones de euros que tendría que afrontar el sector. «También afectará a los más de 10.000 autónomos que tenemos en la Región y hará menos competitivas a las empresas españolas frente a las del exterior que no tienen que afrontar este gasto».

Un freno para el crecimiento y el empleo

Todos los sectores empresariales han mostrado su rechazo a las nuevas medidas de subida impuestos anunciadas por el Gobierno central, especialmente aquellas que tienen que ver con el precio del combustible. En sus críticas, empresarios, autónomos y expertos coinciden en que en un momento de desaceleración económica este tipo de iniciativas suponen un riesgo para el crecimiento y la creación de empleo. Uno de los grandes perjudicados serán los pequeños autónomos.