San Cristóbal: el barrio de Madrid donde los vecinos “desokupan” narcopisos

«Este es un barrio obrero, no de delincuentes. Aquí la crisis ha pegado muy fuerte. Se ha perdido mucho trabajo. Mucha gente vive de la hostelería y del servicio doméstico». Quienes hablan son los vecinos del barrio de San Cristobal de los Ángeles, en el distrito de Villaverde.

Mientras hace poco más de un mes el resto de madrileños teníamos miedo de bajar a la calle ante la posibilidad de contagiarnos por coronavirus, ellos, además, añadían otro factor de riesgo: ser atracados. Ahora han decidido decir «basta». Concretamente mañana jueves.

Con mascarillas pero con cacerolas, protestarán a partir de las 20:00 horas en la Plaza de los Pinazo para denunciar el abandono del barrio por parte de todos, menos por un colectivo concreto: el de los delincuentes. Una preocupación más para una de las zonas de Madrid más castigadas por la pandemia. De hecho, solo en este barrio se reparten alrededor de 500 menús diarios por parte de los trabajadores sociales del Ayuntamiento y de la red vecinal de San Cristóbal.

«La situación se ha agravado durante el confinamiento. Las calles han sido tomadas por yonkis. Dormían en los bancos, debajo de las terrazas... el barrio era prácticamente suyo», afirman a LA RAZÓN desde la asociación vecinal La Unidad de San Cristóbal. Aunque solo estuviera permitido salir a la calle para hacer compras, en horas en las que aún había luz solar, muchos vecinos no querían bajar. «Sobre todo le daba miedo a las personas mayores, porque ya han sufrido varios robos. Bastaba con salir a la calle para verlo, y también cómo se rompían coches», añaden. ¿Conclusión? Para los vecinos de San Cristóbal de los Ángeles, el confinamiento era doble. Afortunadamente para ellos, la solidaridad también se puso de manifiesto en aquellos días difíciles: los más jóvenes se ofrecieron a los mayores para realizar la compra por ellos.

Uno de los escasos delitos que no se ha visto reducido en la ciudad de Madrid ha sido el de la tenencia de drogas. Los narcopisos se las han arreglado para seguir con su actividad pese a las restricciones dictadas por el Gobierno central. Los vecinos de Sán Cristóbal han sido muy activos a la hora de alertar a la Policía Municipal. Tenían controladas tres casas que estaban siendo utilizadas para la venta de heroína: un antiguo local, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, donde se encontraba un transformador de la luz; una vivienda cuya dueña era la Consejería de Sanidad de la Comunidad; y otro local, un locutorio que llevaba cerrado desde hace meses. Tras llamar a los agentes, han sido los propios vecinos quienes «hemos tapiado los locales con ladrillos y soldado las puertas para que no vuelva nadie a meterse ahí».

En otros casos, ha sido el azar el que ha llevado a las autoridades a desarticular estos narcopisos. Así ocurrió a finales de mayo, durante un incendio en el número 54 de la calle Sáhara, donde un hombre de 61 años perdió la vida. La Policía Nacional detuvo a uno de los heridos, un joven de origen dominicano y miembro de la banda Dominican Don’t Play (DDP) después de revisar su piso y encontrar sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y armas blancas. El detenido sumaba 12 antecedentes policiales, uno de ellos por homicidio doloso.

Miedo en el polígono

Con todo, el principal «drama» con el que lidian en San Cristóbal es el de las casas okupadas en el Polígono Industrial de Villaverde, en la calle San Dalmacio. Con seis millones de metros cuadrados, se trata de la zona de estas características más extensa de España. «En los últimos dos años la actividad se ha incrementado de forma exagerada. Son unas viviendas que pertenecían a la Tesorería de la Seguridad Social. Es una zona de tránsito de muchos vecinos. Están a apenas cincuenta metros de la boca de Metro, pegadas a un supermercado y a una ITV. Y se han convertido en un problema muy serio», relatan.

La asociación cree que el agravamiento de este problema puede responder al desmantelamiento llevado a cabo en la Cañada Real. Un proceso que comenzó de manera parcial en 2017 y que se culminó a lo largo de 2019. Los «señores de la droga» del poblado ya avisaron que, de no poder realizar sus operaciones en la zona, las extenderían al resto de la capital. «Nos preocupa que podamos convertirnos en una nueva Cañada Real», alertan.