«Le comunicamos que, en caso de existir dicha actividad, ésta deberá cesar inmediatamente (...) Le informamos de que, para el ejercicio de cualquier actividad, deberá contar con las autorizaciones y licencias oportunas». Así suelen finalizar las cartas que decenas de ayuntamientos madrileños envían a otras tantas fincas que alquilan sus espacios para la celebración de bodas sin contar con los permisos pertinentes. Sin embargo, en muchas ocasiones, la misiva se queda en un simple aviso. Según denuncia la Asociación Madrileña de Empresarios de Restauración (Amer), existen en nuestra región alrededor de 40 espacios «ilegales». Aparte del hecho de que ejercen su actividad sin la correspondiente licencia de restauración, los hosteleros señalan la irresponsabilidad que supone en esta época de pandemia ofertar sus servicios sin ningún control sanitario. De hecho, basta echar un rápido vistazo en las webs de estas fincas, que, incluso con una orden de cierre a sus espaldas por parte del Ayuntamiento, se siguen publicitando: «De 50 a 1.500 personas. A solo 10 minutos de Madrid». Como recuerdan desde Amer, el máximo de ocupación es de 150 personas al aire libre y de 75 en espacios cerrados, de acuerdo a los decretos que rigen la «nueva normaldad».

Antonio Galán, presidente de Amer, explica a LA RAZÓN que su sector, así como la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), lleva «luchando» contra estas fincas ilegales desde hace más de diez años. Espacios que «en el 99,9% de los casos no tendrían posibilidad de obtener licencia, ya que se encuentran en parques, zonas protegidas» y, en general, áreas de alto valor ecológico. En algunos casos se trata de chalés en urbanizaciones; en otros, de fincas compradas a muy bajo precio en su momento y que, tras la colocación de una carpa, ya se ofertan como espacio para eventos. En algunos casos, operan con su propia cocina; en otros, el cátering es contratado aparte. En cualquier caso, se trata de negocios que «hacen muchísimo dinero» gracias, eso sí, a costa de la «competencia desleal».

Ambas asociaciones pusieron en marcha el portal Feide, Fincas y Espacios Ilegales de Eventos (Feide), en el que recogen todos aquellos lugares que, bien se encuentran en investigación, bien se han visto clausurados después de las acciones judiciales emprendidas por los propios hosteleros. Unos cierres, por cierto, que no resultan fáciles de obtener. «En muchas ocasiones, y después de dirigirnos a Inspección de Trabajo y a Sanidad, nos responden que para ellos esas fincas ‘‘no existen'‘, ya que no cuentan con licencia», asegura Galán. Actualmente, tal y como señalan en su portal, hay 21 de estos espacios que se encuentran bajo investigación. Villaviciosa de Odón, San Lorenzo de El Escorial, Galapagar, Villanueva de Perales, Valdetorres del Jarama o Chinchón son solo algunos de los municipios en los que se ubican a día de hoy.

Además del hecho de que ningún funcionario comprueba que estas instalaciones cumplen con los parámetros de higiene y seguridad alimentaria exigidos por la normativa, y tampoco con las condiciones antiincendios y de evacuación preceptivas, ahora, con las limitaciones de aforo derivadas del coronavirus, la situación «se agrava». «En estas fincas, al no estar vigiladas por Sanidad, no existe nadie que compruebe que cumplen con el 75% del aforo permitido. Ante cualquier incidente pueden lavarse las manos solo por el hecho de no contar con licencia. Y estamos hablando de bodas: la gente se quita las mascarillas para comer, beber y hasta para bailar. En caso de que se produzcan rebrotes, pueden acabar pagando justos por pecadores», dice Galán. ¿El posible resultado? «Una desprotección sanitaria absoluta para el cliente».

No en vano, las bodas, celebradas o no en fincas, se están revelando como un foco propicio para la transmisión del virus. Recientemente, en Tudela (Navarra), una celebración dejó un saldo de 23 casos positivos.

El problema, señalan desde Amer, es que no son pocos los Ayuntamientos que hacen «la vista gorda» ante la ausencia de legalidad de las fincas, si bien es la autoridad municipal quien se arroga el deber de decretar los cierres. ¿El motivo? Se trata de municipios donde «todos se conocen», cuando no hay directamente lazos de sangre, de forma que si el dueño de la finca contrata a 20 camareros de la zona, pocos consistorios van a atreverse a arruinar sus planes.

Ante esta situación, hosteleros y hoteleros lanzan una serie de consejos a todas aquellas parejas que vayan a celebrar su boda para no encontrarse con sorpresas desagradables. El primero, solicitar al Ayuntamiento la correspondiente la licencia de la finca, que debe ser la que «permita actividades de hostelería y celebración de eventos»; si la respuesta es que cuentan con permisos para actividades «privadas» o «inmobiliarias», se debe desconfiar. «La hostelería es profesionalidad y siempre va de frente», recuerdan.