La nueva treta de los okupas: «Tengo síntomas de covid»

Los jueces se están viendo obligados a suspender autos de desalojo

No hay legislación vigente, hasta ahora, que disuada de la idea de que okupar una vivienda no es algo rentable. Y más para las mafias que se dedican al lucrativo negocio y que pueden llegar a cobrar entre 600 y 1.500 euros por desocupar una vivienda. Ahora, el virus se ha convertido en el mejor aliado de los usurpadores de casas ajenas y argumentar que padecen síntomas compatibles con la covid es una de las excusas recurrentes cada vez más utilizadas que la Administración está recibiendo cuando llega la hora del desalojo de viviendas sociales. Así, se está dando el caso de que muchos jueces han tenido que suspender los autos que ellos mismos han dictado por esta circunstancia cada vez más habitual en tiempos de pandemia, según la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Situaciones como éstas dilatan aún más el proceso de desalojo.

«La única forma de evitar estas situaciones es una modificación legislativa que permita que Policía y Guardia Civil pueda desalojar de manera inmediata a estas personas, porque eso hará que no sea rentable la okupación», asegura Eusebio González, director del Área Social de la Agencia de Vivienda de la Comunidad de Madrid.

«En un proceso administrativo, no hay ninguna consecuencia económica ni tampoco civil ni penal para un okupa, como máximo 200 euros de multa. Y, en algunos casos, se ha dado la circunstancia de que un juez ha autorizado desocupar una vivienda con el compromiso de que previamente la Comunidad de Madrid diera una solución habitacional al okupa», asegura el responsable de la Agencia de Vivienda Social.

La Comunidad tiene 2.017 viviendas sociales okupadas y cuenta con casi 700 expedientes judiciales iniciados esta legislatura para tratar de recuperar los inmuebles. Hasta ahora, se ha conseguido que 270 vuelvan a manos de la Comunidad de Madrid mediante resoluciones judiciales para poder adjudicarlas a personas vulnerables.

No obstante, la Consejería de Vivienda se ve obligada a gastar más de cuatro millones de euros anualmente solo en instalar puertas antivandálicas y tabicar ventanas para blindar o bunkerizar sus viviendas sociales.

Según Eusebio González, la mayoría de las okupaciones de estas viviendas no se hacen precisamente utilizando el método de la «patada en la puerta», que se ha reducido hasta un 65%, sino porque los propios adjudicatarios hacen negocios con ellas. «La mayoría son sin violencia. Se ha dado el caso, a lo mejor, de que el adjudicatario ha fallecido y son los propios familiares los que se encargan de abrir la puerta al okupa sin necesidad de destrozar una cerradura», añade.

Otras veces se han dado situaciones insólitas como el caso de una familia vulnerable de Cañada Real que no pudo entrar a residir en una vivienda social cuando ya había cumplimentado todos los trámites y dado de alta todos los suministros porque otra, el mismo día 25 de diciembre, se encargó de okupar la vivienda. «Pudimos adjudicarles otra porque no habíamos formalizado la entrega de llaves, si no, la ley lo impide, porque figuran como adjudicatarios», señala.

El responsable de Vivienda Social de la Consejería que dirige David Pérez asegura que en la mayoría de los casos hay menores implicados en los desalojos pero asegura que «nunca ningún menor se queda en la calle porque inmediatamente aparece un familiar que se hace cargo de ellos o bien los servicios sociales acuden en su auxilio para facilitar una alternativa residencial».