Política

Amparo legal al denunciante de corrupción

Arranca la tramitación de la ley en la Asamblea que protege a empleados públicos que alerten de casos

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, conversa con su jefe de Comunicación a su llegada a la sesión del pleno de la Asamblea
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, conversa con su jefe de Comunicación a su llegada a la sesión del pleno de la AsambleaVíctor LerenaAgencia EFE

«En Madrid se ha robado mucho y durante mucho tiempo». Así arrancó su intervención el portavoz de Ciudadanos, César Zafra, para justificar la necesidad de una Ley de Protección del Denunciante de Corrupción que los naranjas llevaron ayer a la Cámara de Vallecas, justo en el último pleno del año. Esta vez sí que se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos el comienzo de la tramitación parlamentaria después del intento fallido que tuvieron en la anterior legislatura, por el acuerdo generalizado que hubo en el fondo de la iniciativa, aunque no en la forma.

Con esta ley, los trabajadores públicos de la Comunidad tendrán garantizada la confidencialidad, la asistencia jurídica y psicológica y mantendrán su puesto de trabajo cuando alerten de casos que pudieran ser sospechosos de corrupción en la Administración autonómica, porque, en la empresa privada, esta normativa no regirá.

Zafra aludió a los «repartos de sobres», a las lágrimas de funcionarios que sufrieron represalias tras sacar casos a la luz pública, a las competiciones «sobre quien había robado menos» y al «hervir de sangre» que asegura el portavoz de Cs que todas estas situaciones les ha provocado. Su iniciativa legal «evitará el miedo a denunciar», sentenció. Aunque no todos los grupos políticos lo vieron de la mima manera, que están dispuestos ahora a enmendar una norma que consideran que se queda corta.

La diputada del PP, Yolanda Estrada, reprochó a los naranjas que, desde el principio, Cs haya querido buscar el titular en los medios con esta iniciativa y recalcó que los populares han sido el único partido que ha pedido perdón a los españoles por los casos de corrupción que le afectan. Pero también puso objeciones a las «contradicciones en los plazos» que recoge la ley y observó dudas en el proceso sancionador. El diputado socialista Enrique Rico apoyó el fondo de la ley, pero aludió a que ya hay un grupo de trabajo en el Ministerio de Justicia que está trabajando en la manera de trasponer una directiva europea que regula lo mismo que Cs llevó ayer a la Cámara y que «es más ambiciosa». Así que dejó ver que las enmiendas que se introduzcan durante la tramitación de la norma por parte de su grupo parlamentario irán en la línea de la directiva europea y la adaptación que haga el Gobierno de Pedro Sánchez.

También mostró su apoyo a la iniciativa Más Madrid, aunque su portavoz, Eduardo Gutiérrez, se mostró especialmente crítico al entender que la ley de los naranjas no resuelve bien la situación ni proporciona suficiente amparo a los trabajadores públicos que se decidan a denunciar posibles casos de corrupción de los que tengan sospechas. «Ponen al lobo (la Administración) al cuidado de los empleados públicos y eso no va a traer tranquilidad a los funcionarios». Por eso ya avisó de que la norma «será muy enmendada porque tiene un vuelo gallináceo».

Vox apoyó la iniciativa «por convencimiento y por coherencia», dijo su portavoz, Íñigo Henríquez de Luna pero, al igual que el resto de los grupos políticos, echó cosas en falta en la ley, como es la necesidad de que se proteja a las fuentes de los medios de comunicación. No obstante, el diputado defendió que se debería haber esperado a la tramitación que se está haciendo en el Congreso de una norma similar porque «vamos a aprobar una norma autonómica antes que la nacional». Mientras, Unidas Podemos tachó de «chapuza manifiesta» la iniciativa legal que «se queda corta», dijo su portavoz, Javier Cañadas.