Opinión

No a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana

Un agente de Policía Nacional frente a una concentración contra la reforma de la ‘Ley Mordaza
Un agente de Policía Nacional frente a una concentración contra la reforma de la ‘Ley MordazaGustavo ValienteEuropa Press

Mujeres y hombres. Solteros, casados, divorciados y viudos. Niños, jóvenes y mayores. Parados y ejecutivos. Vascos y madrileños, canarios y catalanes… En definitiva, los españoles de toda condición han requerido o van a requerir los servicios y la ayuda, en algún momento de su vida, de la policía, la guardia civil, las policías locales, los mossos o los ertzainas. Y ellos siempre nos responden, sea en circunstancias amables, en contextos trágicos, o en las condiciones más extremas, jugándose su integridad o su propia vida.

Pues bien, todos estos servidores públicos, en cuanto entre en vigor la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana que impulsa el gobierno PSOE-Podemos, verán disminuido su principio de autoridad en su relación con los ciudadanos y perderán su derecho a la intimidad, entre otros muchos disparates, con lo que ello supone de menoscabo en su papel como garante de nuestra seguridad ciudadana, elemento esencial del Estado de Derecho.

La Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 por el gobierno del Partido Popular, vino a solucionar carencias que tenía una ley ya vieja como era la Ley Orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana de Corcuera (1992). Además, y esto es fundamental, la antigua ley necesitaba una actualización desde el momento en que la modificación del Código Penal, de 2015, había eliminado las faltas como categoría de infracciones penales.

Además, con la nueva ley se daba respuesta a las peticiones de muchos ciudadanos, de comerciantes, asociaciones de vecinos, padres y madres, alcaldes, etc., que llevaban años alertando sobre actitudes incívicas, violentas, coactivas, que afectaban al pleno disfrute de derechos y libertades, y a la pacífica convivencia en libertad y con el máximo respeto a la pluralidad.

Una ley que ha funcionado bien, ahora se anuncia su transformación, perjudicando a los agentes del orden, a los ciudadanos, y en definitiva, a su libertad.

Por ello, el PP va a defender que esta ley no se modifique, en las calles, en las instituciones y donde haga falta. Nuestros garantes de la paz y la convivencia no se lo merecen.