Construcciones ilegales, primer delito ambiental

2021 pasará a la historia como el año que batió el record de presuntos delitos ambientales investigados: un total de 151. Con esta cifra no solo se duplica los de 2020, sino que se superan ampliamente los investigados en 2019. Miguel Higueras, jefe del Operativo del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, explica a LA RAZÓN que «es normal el aumento con respecto a 2020 debido al confinamiento, en el que la gente no salía al campo, con lo cual la posibilidad de cometer estos delitos disminuye bastante, pero es llamativo que se haya superado al 2019». Además, el Cuerpo de Agentes Forestales ha iniciado, desde la Jefatura, un protocolo interno de trabajo para darle mayor peso a la investigación de estas infracciones, lo cual ha fomentado que el número de delitos investigados aumente. Asimismo, Higueras apunta que «recientemente se ha creado una unidad adscrita en la Fiscalía General del Estado, que ha permitido tener un cauce en el que resolver dudas, por lo que se ha favorecido mucho el desarrollo de las investigaciones».

Estos delitos tienen una tipología muy amplia recogida en el Código Penal. La mayor parte de los que se han investigado durante 2021 son de urbanismo, sobre todo en torno a los cursos bajos del Jarama, Henares y Tajuña. «La cuenca del Tajuña nos preocupa especialmente», señala Higueras, aunque también «hay algo de urbanismo ilegal en la zona más occidental de Madrid». Sin embargo, en la zona de la sierra, «aunque también hay algunos, el número disminuye sensiblemente». «Son delitos complejos de investigar», reconoce el agente forestal, «porque si hay un cazador que dispara a un águila imperial, que es una especie en peligro de extinción, ahí está claro el asunto, pero en los delitos de urbanismo existe un trabajo de oficina muy grande, porque hay diferentes organismos implicados y hay que revisar muchos papeles». Por ello, cuando se detectan lo primero que se hace es enviarlo a Fiscalía. «Dentro de este tipo de infracciones podemos encontrar desde la construcción de una casa grande en el campo hasta de una piscina», explica. «Normalmente la gente no piensa que poner una piscina en su casa de campo pueda ser un problema, pero lo cierto es que es una construcción no autorizable en determinados tipos de suelo o de espacios protegidos», indica Higueras. Además, añade que, cuando las detectan «muchas veces intentan engañarnos diciendo que la piscina no es tal, sino un puto de carga de helicópteros forestales». «Es una excusa muy típica de los infractores, pero, evidentemente, la tipología constructiva es completamente distinta», advierte.

Un año normal, los incendios forestales suelen ser los delitos que más porcentaje tienen, pero en 2021 no ha sido así. Han caído a tercera posición (24%), por debajo de los de urbanismo (31%) y los cometidos contra la fauna silvestre (26%). «Estos últimos incluyen una gran tipología», apunta Higueras, «desde disparar a la fauna protegida como colocar venenos, cepos, lazos...». También se incluye aquí la destrucción de nidos, que también ha aumentado sensiblemente, sobre todo en aves insectívoras como las golondrinas. «Son especies que están muy ligadas a los asentamientos humanos, y la gente destruye los nidos, bien sea porque los tira porque dicen que ensucian, o porque hacen reformas en casa para poner canalones, por ejemplo, y tiran o tapan los nidos». Para Higueras resulta fundamental que la gente sepa que esto es un delito, ya que «se está destruyendo el lugar donde se reproduce una especie protegida, que, por otro lado, es totalmente fundamental y valiosa para mantener un ecosistema sano».

«También estamos estudiando bastante la electrocución de fauna silvestre, que es la principal causa de mortalidad no natural de fauna de España», dice Higueras. Hablamos de grandes rapaces, de buitres, águilas o cigüeñas, que se electrocutan en el tendido eléctrico, ya que lo usan para hacer nidos o se posan en él. «Hay veces que, en verano, caen del poste en llamas, lo cual provoca, a su vez, un incendio forestal», explica. «Ahí hacemos un trabajo muy concienzudo porque las distribuidoras y los particulares tienen la obligación de tener medidas de prevención, como poner aislantes o dispositivos para evitar la colisión de aves», añade. Sin embargo, en España en general y en Madrid en particular hay miles de kilómetros de tendido eléctrico y decenas de miles de postes, por lo que Higueras es consciente de que «no se pueden corregir todos los postes a la vez, por lo que es algo que se tiene que hacer poco a poco».

A pesar de todo, la realidad que más ha marcado al Cuerpo de Agentes Forestales de Madrid es la del aumento del maltrato animal. En especial un caso que investigaron tras recibir el aviso de una protectora. «Se trataba de una perrera en la que tenían a los animales hacinados, en pleno verano. Nos desplazamos hasta allí y nos encontramos una situación completamente dantesca de perros muertos junto a otros a punto de morir, atados sin agua ni comida, heridos. También había cráneos de cadáveres antiguos», recuerda. Acudieron rápidamente al juzgado de Torrelaguna, al cual correspondía por la zona, y pidieron que se adoptasen medidas cautelares urgentes. «Pudimos entrar y rescatar a los perros. Sobrevivieron todos los que aun estaban vivos, y fueron a diferentes protectoras». Actualmente se está estudiando la causa judicialmente, e Higueras subraya que «fue una alegría poder llegar a tiempo para salvar la vida de muchos de ellos».

Higueras advierte acerca de otro delito que, aunque nazca de buenas intenciones, puede acabar en una investigación. «Muchas veces la gente, de manera bien intencionada, al encontrar el cuerpo de un animal, lo coge y nos lo trae para notificarlo», dice. Sin embargo, haciendo esto están alterando la prueba de un posible delito. «Así que, si se lo ha encontrado tiroteado, envenenado o electrocutado, jurídicamente ya no vale si el cadáver ha sido levantado por alguien que no pertenece al cuerpo de la investigación». Así, lo que hay que hacer al encontrarlos es llamar al 112.