Madrid destina 43,5 millones de euros para la atención especializada a personas con enfermedad mental

Una necesidad apremiante y más en tiempos de pandemia y postpandemia. La Comunidad de Madrid ha destinado 43,5 millones de euros para la atención especializada de personas con enfermedades mentales y que permitirá mantener el funcionamiento de 599 plazas residenciales gratuitas para aquellos usuarios que las requieran.

El Consejo de Gobierno ha autorizado esta semana los 21 contratos del nuevo Acuerdo Marco, enfocados en la atención especializada de las personas con enfermedades mentales graves y duraderas en los 21 centros residenciales de la región.

En concreto, el importe conjunto asciende a 43.447.954 euros y su periodo de ejecución es de dos años, desde el próximo 1 de marzo al 29 de febrero de 2024, para un total de 599 plazas.

Ante esto, los usuarios, que reciben la atención de manera gratuita, son personas con discapacidad originada por enfermedades mentales graves y duraderas (esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos paranoides, otras psicosis, etc.), que han sido derivadas desde los Servicios de Salud Mental y presentan mayores dificultades en su funcionamiento psicosocial, autonomía e integración y corren, por tanto, mayor riesgo de deterioro, aislamiento y dependencia.

Asimismo, las residencias que se gestionan a través de estos contratos son centros de atención comunitaria con una capacidad de entre 20 y 30 plazas que ofrecen un servicio flexible de alojamiento y manutención. Además, incluyen atención psicosocial y apoyo para la mejora de la autonomía y la integración de personas con déficit en su autonomía personal y que no cuentan con respaldo familiar o social.

Estos contratos son los primeros que se derivan del Acuerdo Marco aprobado el pasado año para estos centros, que fija las condiciones a las que tiene que ajustarse la atención que se presta tanto en residencias como en los de Día especializados en esta discapacidad.

En este sentido, este acuerdo prima los criterios de calidad sobre la oferta económica y valora aspectos como el desarrollo de actividades de sensibilización y lucha contra el estigma o los programas de formación específicos dirigidos al personal.