Espionaje

Caso Ayuso: “Si hubiéramos pagado un detective, no habrían pasado ni cinco minutos hasta saltar las alarmas

El consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, único compareciente de la Comisión de Investigación, asegura que nadie en la empresa llevó a cabo esa operación

Diego Lozano, durante la primera jornada de la Comisión de Investigación
Diego Lozano, durante la primera jornada de la Comisión de InvestigaciónJesús G. FeriaLa Razon

No puede decirse que el primer día de la Comisión de Investigación del Ayuntamiento por el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso y su entorno fuera decepcionante. Y no lo fue, porque sucedió tal cual lo que se sabía desde hace dos semanas que iba a ocurrir: Pablo Casado, Alberto Ruiz-Gallardón, Rafael Catalá, Félix Bolaños y la propia presidenta regional no acudieron a la convocatoria, algo a lo que no estaban obligados debido a que no ostentan ningún cargo público municipal. Así, el único que acudió fue Diego Lozano, consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). Uno de los organismos sobre los que cayeron las sospechas de una hipotética contratación de la empresa de detectives Mira por parte de Génova. A preguntas de los cinco grupos con representación en el Consistorio, Lozano explicó que tuvo constancia de ese «rumor», por primera vez, el 12 de enero, tras una reunión del Área de Vivienda que mantiene con el concejal del ramo, Álvaro González y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Lozano afirmó que no se había contratado ningún servicio «de estas características», sobre todo porque él es el responsable de dar el visto bueno a las facturas de la EMVS. Todo ello en una conversación «de entre 10 y 15 minutos». La presencia de Carabante, aseguró, se debe a «la amistad que mantiene con González».

Posteriormente, Lozano fechó en el día 18 de febrero cuando comienza la investigación interna. La oposición, incluido el actual socio de gobierno del PP, Cs, mostró su sorpresa por esa fecha, ya que supone un mes más tarde de lo afirmado en su día por el alcalde Martínez-Almeida. «Nos genera duda qué se investigó durante dos meses», aseguró a los periodistas Mariano Fuents, delegado del Área de Desarrollo Urbano tras finalizar la comisión. Esta circunstancia fue aprovechada por el Grupo Mixto Recupera Madrid para pedir una moción de censura contra el alcalde. Una operacion que solo sería posible con el voto favorable de Cs. Algo que, de momento, no se plantea. En todo caso, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, si bien aseguró ayer que confía en la palabra del alcalde, tiene la sensación «de que queda mucho por saber». «Confío en la palabra del alcalde, hasta que no se me demuestre lo contrario, no tengo por qué desconfiar. Hemos vivido momentos muy difíciles que hemos afrontado como un Gobierno sólido», dijo en una entrevista con RNE, informa Europa Press.

Lozano explicó también que, cuando entra una factura a la EMVS, ésta va primero a un registro; después, al departamento correspondiente, donde debe ser validada por un «técnico encargado de ese servicio»; después, la valida, el jefe de departamento por segunda vez; es validada una tercera vez por parte del director del Área; y una cuarta por la directora financiera. Pasados esos filtros, el propio Lozano debe firmar esas facturas antes de enviarlas al banco. Debido a todo ese proceso, si la EMVS hubiera contratado a una empresa de detectives, «no habrían pasado ni cinco minutos hasta que saltaran las alarmas», aseguró.

Del mismo modo, recalcó que la EMVS se ha «abierto en canal» en las semanas posteriores desde que saltó el escándalo, aportando todos los informes fiscales relativos a las contrataciones realizadas en los dos últimos años.

Sobre la marcha voluntaria del jefe de prensa del Área de Vivienda, Lozano explicó que el afectado la argumentó debido a que había recibido una oferta buena «para él y para su familia». Y preguntado sobre su vinculación con Ángel Carromero, asesor del alcalde y que dimitió el mismo día de saltar la noticia, el consejero delegado contestó que hace «siete años que no hablo con él por teléfono», aunque lo conoce «desde hace muchos años».

Hay que reseñar que un informe de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, fechado el pasado 28 de febrero y conocido ayer, concluía con que «no se observa fraude, corrupción, malas prácticas ni conflicto de intereses» en la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo en lo que respecta al presunto espionaje del PP a Isabel Díaz Ayuso. Así, el informe se cierra con el «archivo provisional del presente expediente».

El propio alcalde se refirió al informe durante una entrevista concedida a «Espejo público». «Es importante subrayar que el Comité Ético es independiente y que fue establecido no por este sino por el anterior equipo en 2016», argumentó Almeida. «No hay ningún tipo de irregularidad en las actuaciones que llevamos a cabo para contrastar las informaciones que habíamos recibido y todo se hizo de acuerdo a la normativa de la EMVS», añadió.