El juez pregunta a la Cámara de Comercio Internacional si el contrato de Medina y Luceño es falso

El juez Adolfo Carretero quiere que la Cámara de Comercio Internacional (ICC por si siglas en inglés) le aclare si el documento con los proveedores de Malasia con el que Alberto Luceño y Luis Medina se hicieron con la adjudicación de un contrato para entregar material sanitario al Ayuntamiento de Madrid es falso. El titular del Juzgado de Instrucción número 47 que dirige la instrucción del “caso mascarillas” remitido a la entidad una batería de preguntas para saber en qué márgenes se mueven unas comisiones aceptables -ellos se embolsaron más de 6 millones de euros- en las transacciones internacionales y si ambos comisionistas cumplieron con los estándares legales.

En una providencia del pasado 29 de abril, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el magistrado sugiere cuatro preguntas para que el comité Español de la entidad de comercio internacional aclare sobre el delito de falsedad que se les imputa, entre otros. Por un lado, si la Cámara de Comercio participó en la elaboración de los contratos autorizando el membrete de la ICC que avala los documentos. Ambos entregaron al consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida unos papeles con logos de la entidad que les hacían agentes “exclusivos” en España de la empresa en Malasia que dirige San Chin Choon.

Asimismo, el magistrado solicita que especifiquen en qué periodos se han empleado dichos membretes en los contratos y cuándo reemplazaron ese logo que ya el responsable del ICC tachó de antiguos en un comunicado la pasada semana. Pregunta el juez si los investigados son socios de la institución o lo han sido y, por último, que indiquen qué pautas o recomendaciones sobre porcentajes de comisiones se consideran “adecuadas” por el desempeño de las funciones de agente o facilitador de operaciones mercantiles.

Carretero, además, accede a la petición de Más Madrid y pide al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) que remita el informe que dio origen a la causa. Y sobre la imputación del Gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, Fernando Sánchez González (entidad con la que se firmó el contrato) -a la que Anticorrupción se opuso- pide que se espere a ver qué dicen las demás partes del procedimiento.