El profesor del colegio Valdeluz de Madrid estudia solicitar la revisión de la condena a 49 años de cárcel

El exprofesor del colegio Valdeluz Andrés Díez estudia solicitar a la Audiencia Provincial de Madrid la revisión de la sentencia que le condenó en firme a 49 años de prisión como autor de doce delitos de abuso sexual a menores alumnas suyas cometidos entre 2002 y 2014, han informado fuentes jurídicas.

El carácter retroactivo en la aplicación de la reforma del Código Penal en delitos sexuales dentro de la ley del ‘solo sí es sí’ abre esta posibilidad a pesar de que haya sentencia firme del Tribunal Supremo.

“Sí cabría su revisión en el caso que la nueva ley le beneficiara por el principio penal de retroactividad”, ha subrayado el abogado del ex docente. Por tanto, no descarta estudiar la sentencia en concreto para valorar si se le puede aplicar el beneficio de la reducción de condena.

La sentencia de la Audiencia exponía que el profesor aprovechó la cercanía que tenía con sus alumnas “para tocarlas y satisfacer su deseo e impulso sexual, comenzando con besos, abrazos, cosquillas, hasta ir aumentando los toqueteos progresiva y gradualmente en el tiempo, poco a poco, llegando a manosear piernas hacia ingles y zona vulvar e interior de los muslos, espaldas, senos y nalgas”.

Se le condenó por doce delitos de abuso sexual, cuyas penas ahora se han visto fundidas con el delito de agresión sexual, por lo que si se le aplica el beneficio habría una reducción considerable.

Unificación de la doctrina

El próximo 25 de noviembre, los quince presidentes de las secciones penales de la Audiencia Provincial de Madrid se reunirán para fijar doctrina al respeto. Ahora, las salas pueden aplicar de oficio la reforma o puede ser interesada por una parte (fiscal o defensa).

La Sección 15, la que concentra actualmente más casos de revisiones de sentencia, está integrada por cuatro magistradas y un magistrado. Uno de los casos revisados por esta Sala es el de un profesor de Primaria excarcelado.

Este profesor estudia solicitar al Estado una indemnización por pasar más de tres años en prisión provisional por unos hechos que ahora no son constitutivos de delito.