El juez imputa a Luceño un nuevo delito tras el hallazgo de placas del CNI falsas en su casa

El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha ampliado los delitos que imputa a uno de los dos comisionistas de la presunta estafa al Ayuntamiento de la capital por la venta de material sanitario en plena pandemia. El juez Adolfo Carretero acusa a Alberto Luceño de falsificar documentos porque las tarjetas y placas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) encontradas en su casa resultaron ser falsas. Este delito se suma así al de estafa, blanqueo de capitales y otro de falsedad documental que ya se estaban investigando. El magistrado requiere además al Ayuntamiento que informe de la cantidad exacta de guantes que recibieron de la empresa de Malasia para acreditar el perjuicio a las arcas públicas.

Esta investigación, conocida como “caso mascarillas”, nació a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción al descubrir que tanto Luceño como su socio Luis Medina se habían embolsado unas comisiones millonarias por la venta de unas mascarillas, guantes y test Covid-19 de dudosa calidad. En la causa han sido llamados a declarar tanto los dos investigados, como los funcionarios responsables de cerrar el contrato y, el único ausente ha sido el empresario malasio de nombre San Chin Choon encargado de proporcionar todo el material. Unos correos sospechosos que llegaron al Juzgado bajo este nombre hicieron sospechar a Anticorrupción que detrás podría estar el propio Luceño haciéndose pasar por el encargado en Malasia para exculparlo de cualquier actividad delictiva.

Así, el juez Carretero acordó la entrada y registro en su piso y la Policía, además de diversas carpetas, sustrajo unas insignias del Centro Nacional de Inteligencia. La sección de documentoscopia de la Unidad Central de Criminalística de Policía Judicial concluyó que tanto la tarjeta como la placa que se encontró de esta institución eran falsas y, por tanto, quiere perseguir ahora a Luceño, además de por la estafa, por haber intentado hacerse pasar por agente de inteligencia.

A instancias de la Fiscalía, el juez ha solicitado al consistorio madrileño y a la empresa Kuehne & Nagel que informen acerca del número de guantes recibido por parte de Leno en 2020 (la empresa malasia) y que especifique si se trata de distintos envíos, así como la fecha y los detalles de cada una de las importaciones. Dice Carretero que es necesario acreditar el agujero público porque de los 2.500.000 pares de guantes contratados, solo llegaron 1.250.000.