El juez quiere asegurarse de que Luceño usó las placas falsas del CNI

La investigación del «caso mascarillas» sigue avanzando y, mientras que parece cada vez más claro que la única intervención de Luis Medina (uno de los imputados) fue hacer de enlace con el Ayuntamiento de Madrid para el contrato de material sanitario previo cobro de un millón de euros por la gestión, el segundo de los comisionistas, Alberto Luceño está cada vez más acorralado. El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid le imputó ayer un nuevo delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental que se unen a los que ya tenía por estafa, blanqueo de capitales y otras falsificaciones de documentos. Fuentes de la investigación aclaran que el juez necesita ahora acreditar que Luceño llegó a utilizar todo aquello que falseó como las placas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que se encontraron en su casa y, por eso, quiere volver a escuchar su versión.

Será el próximo día 10 de febrero. El juez instructor Adolfo Carretero ha accedido así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción que fue la que propuso también la entrada y registro en casa del empresario que se embolsó más de cinco millones de euros por traer desde Malasia guantes, test Covid y mascarillas para el Consistorio en plena pandemia.

La Policía Judicial ha analizado ya lo intervenido en su piso y, si bien ya se conoció que las insignias del CNI eran falsas, ahora se ha acreditado que también guardaba copias manipuladas de una carta del alcalde de Madrid y otra del director de Gestión del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Las misivas eran originales, pero Luceño había modificado diferentes conceptos, por ejemplo uno que le permitía circular por Madrid durante el confinamiento. Los agentes encontraron hasta 76 modificaciones en su ordenador, pero incluso algunas impresas y aquí es donde, según citadas fuentes, puede apuntalarse la falsedad. El juez necesita saber si Luceño llegó a utilizar los documentos que fabricó.

Por otro lado, a la causa ha llegado un informe de Hacienda que acusa al comisionista de haber dejado «de ingresar en las arcas públicas en relación con el IRPF de 2020 la cantidad de 1.351.386, 29 euros como consecuencia de las operaciones de intermediación investigadas». Según los funcionarios de Hacienda, Luceño cobró en una sociedad lo que debería haber cobrado a título individual. Como Medina, que sí recibió su comisión como renta (con un impuesto mucho mayor) y no en una suerte de sociedad pantalla. La Agencia Tributaria señala que, además, Luceño buscó la triquiñuela de aportar el dinero en una sociedad de nueva creación, lo cual hace que la tributación sea todavía más baja.

El instructor Carretero cita el próximo viernes a la funcionaria que rubrica el informe. Fuentes de la investigación aseguran que después de estas diligencias la investigación está prácticamente terminada. El caso se abrió en abril del pasado año con una querella de la Fiscalía Anticorrupción.