Ayuso promete no irse tras ocho años como presidenta

Después de tres legislaturas, seis años al frente de la Comunidad de Madrid y con unas encuestas que no hacen más que consolidar su mayoría absoluta y reforzar su liderazgo, Isabel Díaz Ayuso está dispuesta a cruzar la barrera de los ocho años de mandato en 2027 y continuar en la escena política madrileña. «No me voy», dijo ayer al ser preguntada sobre si continuaría una vez cumplidos los ocho años al frente de la Comunidad de Madrid. En octubre de 2021 Ayuso afirmó que no se veía más de ocho años en el cargo por el gran desgaste que conlleva un puesto de estas características convencida, además, de que no había que eternizarse en los puestos. Más adelante descartó esta idea en una entrevista en LA RAZÓN al asegurar que algunos ciudadanos la habían abroncado al poner límites a su mandato: «Me dijeron que una vez que me han votado esto ya no va de mis decisiones solo, sino del interés general», afirmó. Ayer, durante el balance del ecuador de la legislatura y con el 90 por ciento del programa electoral cumplido dejaba abierta la puerta a la posibilidad de repetir como candidata.

Lo que también dejó claro ayer es que seguirá dando la batalla a Pedro Sánchez por algún tiempo más convencida de que no habrá adelanto electoral por mucho que sea una posibilidad que se haya barajado y de que se haya hablado de activar la «cuenta atrás» del presidente del Gobierno. «Es la corrupción lo que le ata y esto nos hará pasar mayor decadencia y podredumbre. Hay mucho camino que hacer contra jueces, contra la independencia de la carrera fiscal, los medios de comunicación y hay que seguir emprendiendo actuaciones de estado contra los que persiguen la corrupción, como la Guardia civil. ¿Dónde se van a ir? si todos hagan lo que hagan serán amnistiados y después reubicados. ¿Dónde se van a ver en una mejor que en esta? ¿Y quién pone el listón moral? Para Bildu son chiquilladas lo que están haciendo desde Moncloa», argumentó.

Ayuso dibujó un panorama de España con Pedro Sánchez al frente que roza lo apocalíptico. «España viva el mayor deterioro institucional de su Historia por decisión del presidente del Gobierno, por su propio interés». Más aún, advirtió que «es la mafia y cada vez va a endurecer más las formas. España se aboca a una situación imposible».

Arremetió contra el Gobierno por actuar de manera «corrupta» buscando gente sin prestigio para «cometer atrocidades en nombre del sanchismo. La coalición de Gobierno actúa de manera corrupta en un mercado de intereses donde nadie piensa en los problemas reales de España y sus retos a futuro», remarcó.

Y no pasó por alto la situación de Madrid a ojos del Gobierno central ya que, mientras considera que hay regiones que están abandonadas y que se van arruinando, «Cataluña País Vasco y Navarra caminan hacia la independencia a ojos de todos los españoles». pero lo más irritante es que involuntariamente «Madrid se convierte en su cajero automático».

El asunto de los fallecidos en las residencias durante la pandemia sigue siendo un tema recurrente que atizan los partidos de la izquierda. Al hilo de esta cuestión, la presidenta madrileña sugirió que el Senado investigue lo que ocurrió después de que tres altos cargos de la Comunidad hayan sido llamados a declarar. Y no solo en Madrid, sino en toda España: «¿Por qué no se investiga también a las comunidades que aplicaron protocolos por edad? ¿Por qué no a las que no duplicaron camas de hospital ni aumentaron UCIS? Cataluña, País Vasco, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha... Se me ocurren unos cuantos nombres», apuntó. «Si se quiere saber qué ocurrió, que se investigue todo. ¿Qué hizo el Ministerio de Sanidad? ¿Por qué algunas vidas parecen importar menos que otras?», remarcó.

Ayuso defendió la gestión de la Comunidad durante la pandemia y lamentó que solo a Madrid se le exijan cuentas. También puntualizó que no se trata de tras altos cargos los llamados a declarar, ya que uno de ellos asesoró voluntariamente unos días, en momentos de caos y con un país paralizado. «Pretender convertir eso en una culpa mayor no se ajusta a la verdad».

La presidenta defendió que el caso fue archivado hace tres años, y recordó que su reapertura depende de la Fiscalía Provincial, que «depende jerárquicamente del fiscal general, y este a su vez del Presidente del Gobierno». Un Gobierno, matizó con sorna, «especialista en operaciones de Estado: contra la Guardia Civil, contra fiscales, ¿cómo no también contra un ciudadano que se defiende solo?».

Sobre las contradicciones entre las declaraciones del abogado de su pareja y lo que este dijo ante el juez, insistió en que «no hay contradicción alguna”, e ironizó sobre el concepto de democracia: «Si se permite perseguir a fiscales, ¿qué no harán con una simple inspección fiscal a un ciudadano cualquiera?».