Denuncia contra los autores del ataque a un cuadro en el Museo Naval

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha presentado una denuncia contra los autores del ataque al cuadro «Primer homenaje a Cristóbal Colón», expuesto en el Museo Naval de Madrid. Dos activistas del movimiento climático Futuro Vegetal lanzaron pintura roja biodegradable como gesto de protesta contra la celebración del Día de la Fiesta Nacional y para denunciar «el neocolonialismo extractivista que sigue explotando los recursos naturales del Sur Global», según hizo público el colectivo en un comunicado donde reivindicaba la autoría del ataque.

Respecto al cuadro «atacado» –recuerda esta entidad cuya defensa del patrimonio es habitual, por ejemplo, en Cuelgamuros o el Monumento a los Caídos de Pamplona– se trata de un óleo sobre lienzo de 1892 obra del pintor español José Santiago Garnelo y Alda, con «un gran valor pictórico, histórico y artístico», no obstante, «fue Medalla de Oro en la Exposición Universal de Chicago de 1893».

La asociación valora que los daños causados «superan ampliamente los 400 euros teniendo en cuenta que necesita una restauración especializada, ya que la pintura roja se introdujo entre las fibras de la tela», quizá con «daños irreversibles».

Los hechos, según la denuncia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, «podrían encontrar reflejo en varios tipos delictivos del Código Penal».

En primer lugar, el artículo 323, donde consta que «será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses el que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. Con la misma pena se castigarán los actos de expolio en estos últimos».

Asimismo, en el artículo 263, relativo a la causa de «daños en el patrimonio público», y cuyo contenido advierte de que «el que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este Código, será castigado con multa de seis a veinticuatro meses, atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía del daño. Si (...) no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses».

Se ven afectados además «bienes de dominio o uso público o comunal» o que «se hayan ocasionado daños de especial gravedad o afectado a los intereses generales», reza el documento.

La pintura roja «se introdujo entre las fibras de la tela», quizá con «daños irreversibles»

En cuanto al artículo 570 Bis, añade la denuncia que «se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos». Apuntan los servicios jurídicos de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica que los autores del atentado artístico son «presuntamente» y «según la prensa, Alejandra Luque y Cristian López, cuyos datos personales constan en el atestado de la Policía Nacional de fecha 12 de octubre de 2025», y que la organización Futuro Vegetal, que al parecer reivindicó el ataque en su nombre, propugna en su página web (futurovegetal.org) «la desobediencia civil y la acción directa».

Se trata de una organización radical española creada en 2022 que «lucha contra la crisis climática a través de la desobediencia civil, el sabotaje y la acción directa».

Ya ha protagonizado «actos de sabotaje como ataques en museos, interrupción de partidos de la Copa Davis, al arrojar pintura a edificios del Gobierno y de partidos políticos, ataques a empresas como KFC, asaltos a yates privados, bloqueo de carreteras, bloqueo del aeropuerto de Ibiza, etc».

Es una organización que «no está legalizada, que se intenta mantener en la clandestinidad (no proporciona sede social, ni teléfonos, ni representantes) y que por causar actos vandálicos y de sabotaje» podría considerarse una «organización criminal», según informaciones de prensa.

En diciembre de 2023, la Policía Nacional detuvo a 22 personas presuntamente integrantes del colectivo, bajo la acusación de «conformar una estructura criminal» y de haber causado daños al patrimonio valorados en más de medio millón de euros.

Para la asociación, resulta de aplicación la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sus artículos 259 y siguientes, en especial el artículo 264, que establece que «el que tuviere conocimiento de la perpetración de algún delito de los que deben perseguirse de oficio, deberá denunciarlo –en su caso, ponerlo en conocimiento como ahora se hace– del Ministerio Fiscal, al Tribunal competente o al juez de instrucción o municipal, o funcionario de policía, sin que se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados o comunicados, ni a formalizar querella».