El Juzgado de Primera Instancia número 104 de Madrid ha ordenado la ejecución y embargo de bienes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid para saldar una deuda económica pendiente con la Federación de Municipios de Madrid (FMM). La resolución judicial supone un nuevo capítulo en el conflicto que mantiene el consistorio ripense con la organización que agrupa a los ayuntamientos de la región.

Según el auto judicial, el juzgado ha despachado ejecución por un importe total de 1.773,55 euros, cantidad que incluye 1.364,27 euros de principal e intereses vencidos, además de 409,28 euros en concepto de intereses y costas procesales. La medida busca garantizar el cumplimiento de la obligación económica entre ambas partes, tras una serie de litigios promovidos por el consistorio.

Para hacer efectiva la ejecución, el tribunal ha ordenado el embargo de los saldos bancarios del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid en las entidades financieras adheridas al convenio firmado con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La traba se llevará a cabo de manera telemática a través del Punto Neutro Judicial, una plataforma que permite a los juzgados comunicarse directamente con las entidades financieras y asegurar la inmovilización de fondos de forma automatizada.

Con esta decisión, el juzgado pretende asegurar el cumplimiento de la sentencia y cerrar un conflicto económico que se originó tras la negativa del consistorio a aceptar las resoluciones judiciales previas que le obligaban al pago de las cantidades adeudadas a la Federación.

La resolución también recoge la condena en costas al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, después de que el juzgado desestimara las pretensiones presentadas por el propio consistorio frente a la FMM.

El origen de este enfrentamiento judicial se remonta a noviembre de 2023, cuando la asamblea general de la Federación de Municipios de Madrid aprobó una serie de modificaciones estatutarias que cambiaban el umbral mínimo de representación política interna. Según las nuevas normas, un partido político debía obtener al menos un 5% de los votos municipales para poder contar con un coordinador político propio dentro de la organización.

La medida afectaba directamente a la formación política de la alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, que no alcanzaba dicho porcentaje. En respuesta, la regidora decidió promover una acción judicial contra la Federación, asumiendo el Ayuntamiento de Rivas los costes del procedimiento judicial para impugnar los cambios estatutarios y solicitar medidas cautelares contra su aplicación.

La querella, sin embargo, fue rechazada por el juzgado, que no aceptó las pretensiones del consistorio y condenó al Ayuntamiento a abonar las costas del proceso. Esa condena ha derivado ahora en la orden de ejecución y embargo dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 104. De esta manera, el tribunal ha querido garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia y el resarcimiento económico a favor de la Federación de Municipios de Madrid.