El conflicto vecinal en el Parque de las Avenidas vive un nuevo capítulo. Tras más de siete meses de incertidumbre, los vecinos aseguran que el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que concederá de forma inminente la licencia de actividad al albergue ubicado en los locales que antes ocupaba el centro de salud del barrio, en la confluencia de Avenida de Baviera 9 y Bruselas 74 y 76. La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los vecinos, que denuncian una «connivencia institucional» con un empresario que acumula antecedentes por el uso irregular de licencias en otros puntos de la capital. El establecimiento (que ha estado funcionando sin permiso desde finales de septiembre) opera bajo el nombre de albergue turístico, aunque los residentes aseguran que su actividad «poco tiene que ver con el turismo». El local, que funciona las 24 horas del día, está enclavado en un edificio residencial, con familias y menores viviendo justo encima y a los lados, una situación que los afectados consideran «insostenible». «No entendemos cómo se puede abrir sin licencia y, encima, que después se le conceda. Es un agravio para quienes cumplimos la ley», señalan desde una de las comunidades vecinales personadas en los procedimientos judiciales.

Las protestas comenzaron el pasado mes de junio, cuando más de un millar de personas salieron a la calle para reclamar el cierre del local. Aquella manifestación logró visibilidad y forzó al propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a pronunciarse públicamente y anunciar el cierre inmediato del establecimiento. Sin embargo, los residentes aseguran que el compromiso «nunca se ejecutó».

Desde entonces, el barrio mantiene un pulso constante con la administración. Dos comunidades y varios particulares han contratado un despacho jurídico para personarse en distintas vías administrativas, civiles y contenciosas, con el objetivo de impugnar la licencia y frenar la actividad del albergue. «El proceso es largo, pero no vamos a rendirnos. Lo que está ocurriendo no es solo un problema vecinal, es una cuestión de legalidad», afirman.

Los afectados recuerdan que el local incumple la Ley de Propiedad Horizontal, los estatutos comunitarios y la normativa municipal, con una salida de emergencia «irrisoria» y denuncias por ruidos y molestias nocturnas. «Es un sinsentido tener un negocio "low cost" funcionando día y noche en un edificio de viviendas. Estamos viviendo una situación de película de Berlanga», ironizan algunos vecinos. Detrás del negocio se encuentra un empresario de origen egipcio-alemán, conocido en el sector por gestionar locales similares en otros barrios de Madrid.

Según denuncian los residentes, el mismo empresario fue investigado por tráfico de inmigrantes en un local de Pacífico, donde se halló a una veintena de personas viviendo en condiciones insalubres durante unas obras. Aun así, el Ayuntamiento terminó concediéndole licencia de alojamiento turístico. También fue titular de un establecimiento en Vallecas, donde, tras detectarse un uso fraudulento de la licencia por parte de las autoridades municipales y autonómicas, nunca se llegó a ejecutar su cierre definitivo. Pese a estos antecedentes, ahora ha obtenido el permiso para operar en el Parque de las Avenidas. «Es el mismo modus operandi en distintos barrios: abre sin licencia, se detectan irregularidades, se promete un cierre que nunca llega y, finalmente, se le regulariza la situación», resumen los vecinos, que estudian acciones penales por presunta prevaricación omisiva contra funcionarios o responsables municipales si se acredita que hubo omisión en la aplicación de sanciones o cierres.

«Castigo al ciudadano»

La sensación de impunidad es compartida por buena parte del vecindario. «El Ayuntamiento alarga los plazos para que llegue la licencia antes de imponer la sanción», denuncian los afectados, que consideran que la administración «protege al empresario mientras castiga al ciudadano que cumple». El caso, que comenzó como una reivindicación local, en lugar de apagarse a nivel informativo, crece. En su momento, el Consistorio aseguró que el establecimiento no sería un centro de acogida para inmigrantes, después de que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) se desmarcara del proyecto ante la polémica. Aun así, los vecinos temen que, una vez concedida la licencia, el local vuelva a reconvertirse en un centro de alojamiento irregular, como dicen ha ocurrido antes.