Madrid: la primera medida que adoptará Almeida nada más ocupar la Alcaldía

En el programa electoral de José Luis Martínez-Almeida para las elecciones del pasado 28-M, hasta en tres ocasiones puede encontrarse la siguiente promesa: la aprobación de unas nuevas normas urbanísticas en la ciudad. Sobre el papel, se trata de algo que puede dejar frío a buena parte del electorado. Sin embargo, el futuro urbanístico de la ciudad se sustenta sobre ese texto: no solo cuestiones candentes pero puntuales como las cocinas industriales o «fantasma», sino también la construcción de nueva vivienda en la capital. Un factor, este último, siempre en alza en la ciudad de Madrid.

En la entrevista publicada el pasado sábado en LA RAZÓN, el propio alcalde, a la pregunta de cuál sería su primera decisión al tomar posesión el próximo 17 de junio, fue tajante al respecto: justo después de acometer la estructura de su nuevo equipo de Gobierno, aprobará la modificación de las normas urbanísticas. «En campaña electoral he mantenido que hay que acelerar el proceso de construcción de vivienda en la ciudad. Es una realidad que hay que resolver: el problema de la vivienda y permitir el acceso a la misma. Va a ser una prioridad estratégica de este Gobierno y tenemos que empezar a trabajar desde el primer día sobre las bases de lo que ya hemos hecho en esta legislatura», respondió.

El pasado mes de abril, el aún delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (Cs), explicó en un encuentro con la prensa cuál es la situación urbanística por la que atraviesa la capital. En el último cuarto de siglo, se han aprobado cerca de 400 acuerdos sobre esta materia en el Consistorio. El resultado es que las normativas están deslavazadas, sin aportar seguridad jurídica sobre lo que se puede y no se puede hacer desde un punto de vista urbanístico. Así, la nueva ordenanza busca «unificar» todos estos acuerdos en un solo texto que pasaría a ser la base del Plan General de Ordenación Urbano, que data del año 1997.

En esencia, desde Cibeles defendieron que un nuevo plan suponía acortar plazos de hasta quince meses en los procesos urbanísticos. «Esta ‘‘ley de la selva’’ afecta a todo el sector inmobiliario, con el correspondiente impacto en la ciudad de Madrid: falta de captación de inversión para la generación de nueva vivienda, pisos turísticos, dotaciones en nuevos barrios... A eso hay que sumar una ralentización en la puesta en marcha y construcción de nueva vivienda. Sin normas urbanísticas, los promotores inmobiliarios no saben a qué atenerse», explicó el pasado abril Fuentes. Y es que, «al no existir unas reglas de juego claras, todo el sector inmobiliario se ha paralizado y está pendiente de la aprobación de estas normas». Un ejemplo está en la construcción de viviendas en los nuevos desarrollos del sureste, como los Ahijones y los Berrocales, ahora mismo parados debido a la «inseguridad jurídica» de no contar con una norma unificada.

En este sentido, hay que recordar que el Partido Popular compareció a las últimas elecciones municipales con la promesa de construir «12.000 viviendas bajo la fórmula de colaboración público-privada», con programas de alquiler e incentivando a los propietarios de viviendas vacías mediante «su cesión para destinarlas a una fórmula de alquiler asequible».

Además, hay un factor de «cuenta atrás» que desde Cibeles también tienen presente: la actual moratoria a las llamadas «cocinas fantasma» –aquellos fogones propiedad de grandes cadenas y grupos independientes instalados en viviendas residenciales– vence en dos meses: el próximo 5 de agosto.

Hace ahora dos años, el Ayuntamiento de Madrid suspendió las licencias de este tipo de locales siempre que, entre otros requisitos, abarcaran más de 350 metros cuadrados en áreas residenciales y que la carga y descarga se llevara a cabo en la calle. Las quejas de los vecinos por el humo, ruido y olores fue lo que llevó al Consistorio a adoptar esta decisión: una suspensión con un plazo de dos años, por lo que ahora está a dos pasos de caducar.

La regulación de las cocinas industriales, sobre todo en lo que respecta a conciliar su presencia con el descanso de los vecinos, ha sido otra de las promesas electorales de Martínez-Almeida. Y eso a pesar que, desde el Área de Desarrollo Urbano, y desde el propio Consistorio, siempre se ha rebajado el tono «apocalíptico», como diría el alcalde, de este problema en boca de los partidos de la oposición o de las asociaciones vecinales. De hecho, de las 30 «cocinas fantasma» denunciadas en 2021, el Ayuntamiento aseguró que solo cuatro operaban sin licencia, mientras que, de las 26 restantes, apenas diez establecimientos contaban con más de una cocina. Y es que, a día de hoy, lo que muchos denuncian como «dark kitchens» son en realidad obradores o escuelas de cocina perfectamente legales.

Otro de los interrogantes es el relativo a los pisos turísticos, una cuestión también presente en el programa del PP. El alcalde reconoció antes de los últimos comicios que existe un «problema» con las Viviendas de Uso Turístico (VUT). Y si bien considera que las competencias urbanísticas del Ayuntamiento puedan quedarse cortas a la hora de regular el problema, existe el compromiso de regularlas. Porque lo cierto es que el Plan de Hospedaje, aprobado en 2018 por la entonces alcaldesa Manuela Carmena, muy estricto en lo se refiere a las condiciones –sobre todo la del acceso independiente, que elimina a la práctica totalidad de las viviendas– no se ha mostrado eficaz para poner límites a este fenómeno. A esto hay que añadir el hecho de que la última Ley de Vivienda estatal, promovida por el PSOE y Unidas Podemos, no se ha «tocado» el asunto.