"Okupación no delincuencial": Ayuso y el ICAM apuestan por el desahucio como "herramienta necesaria"

La Comunidad de Madrid y el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) consideran "urgente e inaplazable" modificar las leyes estatales "que impiden a los jueces la expulsión urgente de los ocupantes ilegales" de vivienda y que retrasan los desahucios "en las ocupaciones no delincuenciales". En el protocolo contra la "okupación" firmado por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, la institución que preside Eugenio Ribón, el Colegio de Abogados de Alcalá de Henares y el Colegio de Procuradores de Madrid se apuesta por devolver a los jueces "la posibilidad de actuar con carácter inmediato" en los procedimientos de desahucio.

En ese acuerdo, estas instituciones inciden en que la defensa de la propiedad privadas "es esencial para el mantenimiento de un orden social justo y equitativo" y se posicionan contra la "okupación" ilegal y la falta de "mecanismos efectivos para el desahucio en los casos" de lo que denominan "okupación" de tipo "no delincuencial". Algo que, se quejan, no solo socava los derechos individuales sino que también pone en peligro "la estabilidad y el progreso social".

De ahí que califiquen como "crucial" la necesidad de "reforzar el marco jurídico que protege la propiedad privada", de forma compatible con las políticas públicas que facilitan el acceso a la vivienda.

La "okupación" ilegal, subrayan, atenta contra el derecho fundamental de las personas a la inviolabilidad del domicilio, además de suponer una violación de derecho a la propiedad privada. "Más allá de las pérdidas económicas que sufren los propietarios", estas conductas provocan "un clima de inseguridad jurídica, crea tensiones entre los ciudadanos, desincentiva la inversión en el mercado inmobiliario y mina la confianza en el sistema legal".

"Mecanismos efectivos" contra los "inquiokupas"

Cuando una de las partes incumple el contrato de alquiler -afirman en referencia a los conocidos como "inquiokupas", es necesario que existan "mecanismos efectivos para restaurar el equilibrio". Este tipo de conductas, apuntan, no solo perjudican económicamente al propietario, sino que también pueden "poner en riesgo su propia subsistencia cuando se trata de pequeños propietarios".

Por este motivo, defienden que en el caso de esta "okupación no delincuencial" el desahucio "no debe verse como una medida punitiva, sino como una herramienta necesaria para garantizar la equidad en las relaciones contractuales y la seguridad jurídica".

Y aunque hacen hincapié en que promover políticas que faciliten el acceso a la vivienda es "fundamental", añaden que estas políticas públicas "no deben ser a costa de los propietarios, que tienen derecho a que su propiedad sea respetada y protegida", especialmente cuando afecta a personas vulnerables. Así sucede, exponen, en el caso de personas mayores que se ven ilegalmente despojadas de una vivienda "en la que han invertido los ahorros de toda una vida de trabajo", por lo que sufren "con una mayor crueldad una situación injusta".

El convenio tiene como objetivo canalizar, "de la forma lo más ágil y efectiva posible", las necesidades de asesoramiento jurídico y de representación procesal a los propietarios con esta problemática. Para lo que han puesto a disposición de los afectados el servicio CECOM-112 Ocupación (900 205 112), que facilita una atención "inmediata" en el asesoramiento jurídico y, también, en la atención psicológica si fuera necesario.

Críticas de una asociación letrada

Pero la iniciativa no parece convencer a la Asociación Libre de la Abogacía (ALA), que exige al ICAM que se desmarque del proyecto y critica que el protocolo introduzca "conceptos jurídicos ajenos a la legislación vigente", como la denominada "okupación no delincuencial" y que promueva la asistencia jurídica gratuita a los afectados "sin atender a su situación económica ni a los requisitos establecidos por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita".

La asociación profesional asegura en un comunicado que "frente a la retórica alarmista sobre la ocupación ilegal, los datos desmienten el supuesto problema" y alude a los datos del Balance de Criminalidad correspondiente al cuarto trimestre de 2024, elaborado por el Ministerio del Interior, según el cual "el número de ocupaciones afecta al 0,057% de las viviendas de España, sobre un parque inmobiliario de más de 26,6 millones de viviendas".