En los últimos años, la okupación ha generado alarma social en distintas zonas de España, especialmente en urbanizaciones con viviendas vacías, muchas de ellas propiedad de bancos o grandes tenedores. Aunque las cifras oficiales muestran que se trata de un problema generalizado, los efectos sobre propietarios, comunidades de vecinos y la seguridad ciudadana han llevado a múltiples ayuntamientos a tomar medidas.

La Comunidad de Madrid es una de las comunidades autónomas con mayor número de denuncias por ocupación ilegal de inmuebles. Según datos oficiales del servicio 112 Ocupación, se han registrado más de 4.194 llamadas relacionadas con este delito desde su creación en 2022.

En ese contexto, algunos municipios están elaborando sus propios planes locales para afrontar este fenómeno. Es el caso de Galapagar, que acaba de lanzar una estrategia integral con medidas preventivas, vigilancia reforzada y apoyo legal a propietarios.

Galapagar contra los okupas

Galapagar, situado a unos 35 kilómetros al noroeste de la capital, ha anunciado un plan municipal pionero para prevenir la okupación ilegal. Aunque el número de casos en el municipio es reducido, las autoridades han decidido anticiparse. "No podemos permitir que la sensación de impunidad siga creciendo", explicó un portavoz del ayuntamiento.

El núcleo de este plan es la creación de una Oficina Municipal Antiokupación, que prestará asesoramiento jurídico gratuito a los vecinos afectados y servirá de enlace entre el Ayuntamiento, los juzgados y la Guardia Civil. "Queremos que Galapagar sea un ejemplo de cómo combatir este problema con herramientas eficaces", añadió.

Una de las iniciativas más destacadas es la elaboración de un censo de viviendas desocupadas y vulnerables, con el objetivo de intervenir antes de una ocupación ilegal. Además, el consistorio ha firmado con entidades bancarias y grandes propietarios para gestionar los inmuebles vacíos. "Esta colaboración es clave. Muchas viviendas okupadas son propiedades embargadas", comentó el portavoz.

Reformas obligatorias

El plan municipal también recoge una serie de modificaciones para obligar a los propietarios a instalar sistemas de seguridad. "Los okupas prefieren inmuebles de fácil acceso. Queremos que Galapagar sea un territorio hostil para ellos", comentó una fuente municipal.

Según la nueva normativa, todas las casas deberán contar con cerraduras reforzadas, puertas blindadas o sistemas de videovigilancia, medidas diseñadas para disuadir a los okupas. Además, la ordenanza introduce un régimen sancionador que contempla multas económicas para los propietarios que no cumplan estas exigencias, así como la posibilidad de que el Ayuntamiento actúe de oficio en casos de negligencia.

Más seguridad y cortes de suministro

La colaboración de la Guardia Civil es más que inminente. En zonas identificadas como vulnerables, se han incrementado las patrullas de seguridad. Por su parte, el Ayuntamiento ha coordinado a las empresas suministradoras de luz, agua y gas para cortar aquellos ilegales. "Sin suministros, la estancia se vuelve insostenible. Es una forma de presión efectiva y legal", explicó un agente involucrado.