La Real Casa de Correos no es Lugar de Memoria

Un estudio de la Real Academia de la Historia (RAH) relaciona "ante todo" la Real Casa de Correos, actual sede del Gobierno regional, con el período de la Ilustración aunque reconoce su pasado franquista, en el marco de la intención del Gobierno de la nación de declarar este edificio como Lugar de Memoria Democrática y la negativa por parte del Ejecutivo regional.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid va a conocer este miércoles el informe que asocia este inmueble, "cualesquiera que hayan sido sus funciones" posteriores, con el periodo de la Ilustración, han avanzado fuentes del Gobierno autonómico.

Este dictamen, solicitado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, subraya el carácter ilustrado y central del edificio en la vida social y colectiva de la capital en el siglo XIX.

El texto, elaborado por catedráticos de la RAH, al que ha tenido acceso Europa Press, sitúa a este emblemático inmueble de la Puerta del Sol en "la historia moral y políticamente admirable y, por ello, de obligado conocimiento general de la Ilustración española, y con la misma centralidad que la Puerta del Sol tuvo, especialmente así desde el siglo XIX, con la vida social y colectiva de la capital y por extensión, de España".

Según el informe, la sede de la Presidencia regional, con 250 años de historia, fue construida durante el reinado de Carlos III, en pleno apogeo de la Ilustración española. Pese a ello, si comprende "las razones aducidas para declarar Lugar de Memoria Democrática la extinta Dirección de Seguridad". Originalmente concebida para albergar la Real Casa de Correos, su función inicial fue cambiando con el tiempo.

Este periodo histórico se caracterizó por un impulso reformista sin precedentes, en el que los gobiernos de este monarca emprendieron una política de modernización y progreso en múltiples ámbitos. Se crearon escuelas, se reformaron las universidades y nacieron numerosas instituciones como el Colegio de Farmacéuticos, la Academia de Ciencias Naturales o el Hospital de San Carlos de Madrid.

La edificación fue parte del ambicioso programa ilustrado que también incluyó la creación de fábricas reales (como las de porcelana del Buen Retiro o vidrio en La Granja), el embellecimiento urbano de la capital con obras como las Puertas de San Vicente y Alcalá, los Jardines de Sabatini o la Fuente de Cibeles.

En los primeros compases del siglo XIX, el edificio acogió la Capitanía General, el Gobierno Militar y la llamada Guardia de Prevención, funciones que mantuvo a lo largo de cuatro décadas. Posteriormente, fue sede del Ministerio de la Gobernación, incluso en la Segunda República, y albergó la Dirección General de Seguridad durante la dictadura.

Asimismo, fue testigo del atentado perpetrado por ETA el 13 de septiembre de 1974, que provocó la muerte de trece personas y dejó más de un centenar de heridos. Desde 1985, es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, por decisión del entonces presidente Joaquín Leguina.

Si bien el estudio hace alusión a la extinta Dirección General de Seguridad durante el Franquismo, así como su pasado como Dirección General de Seguridad republicana. Durante el Franquismo, asegura que desempeñó "un papel central en la represión política y social".

Alegaciones

Ante la intención del Gobierno central de declarar la sede del Ejecutivo autonómico como Lugar de Memoria Democrática -motivo por el que solicitó este informe a la RAH-, la Administración madrileña presentará esta misma semana alegaciones al trámite de consulta pública abierto.

Consideran que esta medida "vulnera sus competencias en la gestión de su patrimonio, la defensa de los bienes históricos de la región y supone un ataque a su autogobierno y es un ataque al verdadero valor histórico de un edificio de más de 250 años y a su destino actual como sede de la presidencia".

Además, denuncian desde el Gobierno autonómico que "esta decisión fue publicada en el Boletín Oficial del Estado sin comunicación previa a la administración regional, lo que representa una falta de lealtad institucional".

En el foco

La Comunidad de Madrid aprobó una ley que no permitía autorizar la instalación de ninguna placa o distintivo que pueda perjudicar o resultar incompatible con "la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia, la imagen institucional de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, su significado actual, o que pueda generar confusión sobre la Real Casa Correos como Sede de la Presidencia".

También contemplaba que la instalación con carácter permanente de cualquier placa o distintivo en la Real Casa de Correos requerirá la previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y que los poderes públicos de la Comunidad ordenarán el "cede inmediato" de las medidas que "perjudiquen o resulten incompatibles con la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia, la imagen institucional, el significado o el uso actual de la Real Casa de Correos".

Desde el Gobierno central consideran que esta norma es "inconstitucional y que invade competencias estatales". También, afirman que es "incompatible" con el artículo 53 de la Ley de Memoria Democrática, "al supeditar la aplicación y ejecución de la norma estatal por los órganos del Ejecutivo estatal a una previa autorización de un órgano autonómico sin límite ni ponderación alguna".

"La Ley cuestionada somete a autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid cualquier actuación también la estatal en materia de memoria democrática sobre la Real Casa de Correos sin que eso resulte conforme al orden competencial (...) Lleva aparejado despojar a la Administración General del Estado, a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y a la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, de sus competencias", explicaron.

Sin embargo, por parte del Gobierno madrileño, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, aludió a los "tintes autoritarios" del Gobierno de España al querer convertir la Real Casa de Correos en Lugar de Memoria Democrática, por no "soportar" que otra institución defienda sus intereses, y reprochó su falta de lealtad institucional.