El problema de la vivienda es crucial. Pero también se ha convertido en campo de la batalla política. Aunque ahora un poco menos. La Fiscalía ha archivado la denuncia presentada por Más Madrid el pasado abril y no ve prevaricación en la gestión del equipo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de los pisos turísticos.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press y contra el que no cabe recurso, la Fiscalía concluye que, de las diligencias practicadas "no resultan indicios de actividad prevaricadora o incluso meramente ilegal".

Más Madrid presentó la pasada primavera una denuncia ante la Fiscalía de Madrid por presunta prevaricación dirigida contra el Ayuntamiento y la Agencia de Actividades por "consentir deliberadamente la ilegalidad de los más de 15.000 pisos turísticos que hay en la capital".

Apuntaban a la "inacción del alcalde que no es simple pasividad, es consentimiento deliberado de la ilegalidad", declaraba en su momento la portavoz, Rita Maestre. Fundamentaban la denuncia ante la Fiscalía en el artículo 320 del Código Penal, que establece que "la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio" podría estar incurriendo en un delito de prevaricación.

Más Madrid registró la denuncia después de que en junio de 2024 la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) denunciara en el Ayuntamiento la existencia de 10.134 viviendas de uso turístico (VUT) en el municipio de Madrid, las cuales se hallaban inscritas en el Registro de Empresas Turísticas de la Comunidad de Madrid sin disponer de las preceptivas licencias municipales siendo, por tanto, la actividad ilegal.

El Ayuntamiento alegó que había llevado a cabo un análisis preliminar, del que resultó que del total de 10.134 VUT denunciadas, solo 8.943 estaban inscritas en el Registro de Viviendas Turísticas y no disponían de licencia de funcionamiento en la fecha del estudio.

De estas viviendas se inspeccionaron, a la fecha de emisión del informe, un total de 4.372 viviendas, es decir, un 43,3% del total denunciado y, en consecuencia, se incoaron 2.499 procedimientos de restablecimiento de legalidad, que afectan a 3.683 unidades de alojamiento turístico. Además se inspeccionaron otras 3.482 viviendas turísticas adicionales que no figuraban en la denuncia de la asociación. De estas, se incoaron 953 procedimientos de restablecimiento de legalidad, que afectaban a 1.520 unidades de alojamiento turístico.

La Fiscalía expone que la falta de inspecciones denunciada por Más Madrid o un número manifiestamente escaso "dista mucho de la realidad acreditada" ya que "se habían inspeccionado, a la fecha de emisión del informe, un total de 4.372 viviendas, es decir, un 43,3% del total denunciado, y se habían incoado 2.499 procedimientos de restablecimiento de legalidad, que afectaban a 3.683 unidades de alojamiento turístico, junto a la inspección de otras 3.482 viviendas turísticas adicionales que no figuraban en la denuncia de la asociación".

Unido a que la fecha de presentación de las denuncias ya se había aprobado el Plan de Inspección Urbanística Municipal (PIUM) para el periodo 2024/2025, que incluía como una de sus líneas de atención prioritaria el control de este tipo de viviendas.

Como conclusión, la Fiscalía sostiene que el Ayuntamiento de Madrid "ha actuado con diligencia en todo lo relativo a la inspección y disciplina urbanística en relación con las viviendas de uso turístico (VUT)" dado que se han inspeccionado un número muy significativo de viviendas, con la complejidad y dificultad que ello conlleva".

También destacan que "se han desarrollado sucesivamente planes de inspección, con particular atención a este problema, se han incrementado de forma destacada los funcionarios encargados de estas tareas", aunque no estén integrados en una unidad dedicada en exclusiva a las VUT pero sí lo están en el Servicio de Disciplina Urbanística.

Según el órgano judicial, esta decisión "no parece reprochable, ni mucho menos ilícita" dado que "se ha impuesto un número elevado de sanciones, derivadas de un número igualmente abultado de expedientes sancionadores y se ha recurrido con mucha frecuencia (1.265 actuaciones) al mecanismo de la multa coercitiva".

Tras conocer el fallo de la Fiscalía, el equipo de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante al frente, ha destacado en un comunicado que la denuncia presentada "se desacredita con la información remitida por el Ayuntamiento de Madrid, de forma detallada y justificada".