Europa se despide de los gases de los aires acondicionados

Hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) y hexafluoruro de azufre (SF6). Son nombres que probablemente digan poco al viandante común, ni siquiera si se le menciona que se trata de tipos de gases fluorados. Sin embargo, esta familia forma parte de nuestro día a día de forma masiva. Los gases fluorados se utilizan como refrigerantes en equipos de aire acondicionado, en bombas de calor, en las grandes cámaras que conservan los frescos en los supermercados, y se usan, además, en los sistemas de aislamiento térmico y de extinción de incendios e incluso, en el ventolín de uso médico.

El problema es su capacidad de calentamiento atmosférico. De hecho, se considera que representan el 2,5% de las emisiones GEI de Europa, lo mismo que el sector de la aviación. Y es precisamente por eso que la UE acaba de decidir restringir su uso de forma paulatina hasta su total desaparición en 2050. El acuerdo establece un calendario escalonado para eliminar la comercialización de productos que contengan hidrofluorocarbonos (HFC) por sectores (donde sea técnicamente viable) que tendrán que ser sustituidos por soluciones naturales y con menos capacidad de calentamiento global.

Los gases fluorados o HFC empezaron a expandirse en la década de los 90, cuando la generación anterior de refrigerantes, los clorofluorocarbonos (CFCs) y los Hidrofluoroclorocarbonos (HCFCs) se prohibieron porque destruían la capa de ozono (Protocolo de Montreal, 1987). Sin embargo, poco después, se empezó a tener evidencia del elevado Potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de los nuevos gases fluorados. Concretamente entre 150 y 23.000. «En estas medidas se toma de referencia el CO2 cuyo PCA equivale a uno. Para hacerse una idea, el antiguo refrigerante de los coches, el R-134a tenía más de 1.000. Así que a partir de 2014 comienzan las normativas F-Gas y los primeros objetivos de reducir estos gases hasta un 79% en 2030. Desde entonces han ido surgiendo nuevos gases con PCA más bajos. Es el caso del HFO sintético (150), pero también de equipos que usan refrigerantes naturales como el CO2», apunta Xabier Peña Antón, investigador de Energía Térmica y Seguridad de Tecnalia.

La industria se ha dejado sentir tras la decisión. La llamada Alianza Industrial, conformada por la Asociación de empresas del frío y sus tecnologías (Aefyt), la Asociación de fabricantes de equipos de climatización (AFEC), la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) y la Asociación de la Industria del Poliuretano Rígido (IPUR), se ha mostrado contraria a la aprobación y sostiene que tendrá un grave impacto en la economía (hablan de sobrecostes de entre 1.000 y 3.000 millones de euros), ya que son unos 24.000 los puntos de venta de distribución alimentaria que se verán afectados y tendrán que cambiar sus refirgerantes.

Otra de las causas a las que alude el sector es la seguridad de sustituir estos gases sintéticos por los llamados refrigerantes naturales; propano, amoníaco y CO2. El propano es inflamable; el amoniaco además de inflamable, a partir de ciertas concentraciones puede resultar tóxico, y el CO2 necesita más presión en climas cálidos y, por tanto, más consumo de energía en los equipos. De hecho, la industria calcula que las alternativas obligan a los sistemas a trabajar más y consumir más energía provocando la emisión adicional de 1,3 millones de toneladas de CO2 (equivale a 250.000 coches durante un año). El investigador de Tecnalia advierte: «El refrigerante tiene que ser eficiente, es decir que por cada kW de energía que le metamos produzca una buena cantidad de calor. En calderas de gas, por cada kW de energía, se obtiene 0,99 de calor, mientras que en las bombas de calor esta eficiencia es superior, por cada kW sacas 3.4 térmicos. Cuando se comparan sintéticos y naturales también tienes que tener en cuenta estas cosas», matiza el investigador de Tecnalia.

El reto, dicen los consultados, está en sustituir os equipos de climatización de los hogares. En 2027 ya no se podrán vender pequeñas bombas de calor monobloque de menos de 12 kW que contengan gases con un PCA superior a los 150 (lo que deja como única alternativa de uso de gases fluorados los llamados HFO) y en 2035 sucederá lo mismo con las bombas y aires de split. «Los refrigerantes naturales cumplen el requisito del PCA bajo; el CO2 tiene un PCA de uno, el propano de 3-4 y el amoniaco prácticamente de cero. Sin embargo, hay que diferenciar entre equipos para climatización en casa. Los hay de split y monobloque. En los de split, los gases refrigerantes entran y salen de las casas, mientras que en los monobloque los gases solo están en los equipos situados en el exterior de los recintos y lo que se manda al interior es solo el calor o el frío. El problema es que los refrigerantes naturales como el propano son inflamables, si los equipos están fuera de las casas no hay problema, pero los equipos split necesitarían más seguridad y mantenimiento. Habrá que ver cómo se llega a cumplir el objetivo en función del uso de estos refrigerantes. Hay ciertos equipos que tienen las horas contadas con la prohibición de los HFO a partir de 2035. ¿Cuándo se prohibirán en ciertos sectores? Todavía no lo sabemos», matiza Peña Antón.

Para Olga Gómez Toledo, responsable de Asuntos Públicos y Regulatorios de Honeywell en Europa (la empresa fabrica y comercializa gases fluorados) matiza: «Lo primero que hay que decir es que no se trata de refrigerantes naturales, porque necesitan un tratamiento química en planta industrial, aunque se trate de CO2 capturado del aire. Además, el propano es inflamable, explosivo. Hay países en los que ya es posible usar refrigerantes naturales, pero en otros no porque las condiciones climáticas no lo permiten o porque no son eficientes. Lo que es viable en Suecia, en países como España y otros del sur de Europa no. Aquí, el 65% de las personas vivimos en pisos así que usar un gas inflamable no parece viable y sacar los equipos al exterior difícil. Valoramos todas las alternativas pero no que se impongan unas a otras. Tal y como está el texto, creemos que se trata de un acuerdo político; la Comisión no había incluido los HFO (en el que la industria ha trabajado de forma intensa) dentro de la prohibición, pero el Parlamento tiene su propia agenda».

Bombas de calor

Otra de las consecuencias que tiene esta ley es que va en contra de los objetivos del REPower UE, dicen desde Honeywell, por el que se pretende fomentar la instalación de bombas de calor para climatizar los hogares; en concreto se aspira a instalar 60 millones de estos aparatos que vendrían a sustituir a las calderas de gas. Se calcula que con el cambio se ahorrarían más de un 66% de consumo final de energía en edificios. El problema es que las bombas de calor ahora mismo usan mayoritariamente gases fluorados. «Existen ya en el mercados alternativas a los refrigerantes sintéticos y con este nueva normativa se incentiva su uso. La UE se convierte en pionera en este sentido y pone coto al 2,5% de las emisiones GEI de la UE. Por otro lado, la abrumadora mayoría de HFC se producen fuera de Europa (en China, EE UU y Japón). La prohibición de estos gases puede ser una gran oportunidad para Europa de ser autosuficiente en la producción de los refrigerantes naturales», opina Nicole Julien, miembro del equipo de Políticas Públicas y Gobernanza Climática de la Fundación Ecodes.

Comercio ilegal, un mercado de 50 millones

La que se acaba de aprobar es una revisión de aquella F-Gas de 2014 que establecía cuotas para los HFC por países. Curiosamente, este sistema de cuotas ha creado, desde entonces un mercado negro de los gases fluorados. En España se ha calculado que se han evadido impuestos por valor de 50 millones de euros.

En 2019, el Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos (EFCTC) denunciaba importaciones ilegales de HFC en Europa y advertía de que para introducir ilegalmente estos gases se recurría a técnicas variadas, desde el abuso de cuotas o que se declaren para ser trasladados a través de la UE a terceros países y sin embargo, finalmente se comercialicen en suelo de la unión. La EFCTC afirmaba que el comercio ilegal de este tipo de gases podría representar hasta 34 millones de toneladas equivalentes de CO2 (el equivalente en emisiones de unos 25 millones de coches).