El Defensor del Pueblo critica los argumentos del Gobierno para reducir los plazos de la ITV

El Defensor del Pueblo ha criticado los argumentos del Gobierno para reducir los plazos en los que los conductores tienen que pasar la Inspección Técnica del Vehículo (ITV) ya que, a su juicio, “obvian” el derecho de los ciudadanos a que la Administración sirva “objetivamente” al interés general.

Así se desprende del informe relativo al año pasado presentado por la institución, recogido por Europa Press, que explica su disconformidad a la normativa establecida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que extendió la validez de la ITV varios meses a los vehículos que les tocaba pasarla durante la cuarentena, pero que establece que el periodo de validez de la misma se fijaría tomando como referencia la fecha en la que expiró la anterior y no la fecha real del examen técnico.

Según lamenta el Defensor del Pueblo, el Gobierno explicó que el motivo de no descontar el periodo de prórroga a la hora de determinar la fecha de realización de la siguiente inspección se debe a que en el caso contrario se produciría un colapso en las estaciones que afectaría a los meses venideros, "comprometiendo su capacidad futura y, con ello, el cumplimiento de los fines de seguridad del tráfico, que son de interés general".

Sin embargo, dicha institución opina que tal argumentación sitúa el foco de atención en el sistema de inspecciones y en su eficiencia futura, "obviando con ello el derecho de los ciudadanos afectados a que la Administración sirva objetivamente al interés general".

"De hecho, la Administración no ha probado, ni tan siquiera de manera indiciaria, que esta carga administrativa y económica responda a ese interés. Además, las razones que aduce la Secretaría General de Industria para justificar los supuestos beneficios de la medida aquí cuestionada tampoco parecen admisibles, pues el supuesto 'equilibrio beneficioso a largo plazo' no compensa el sacrificio de cientos de miles de afectados que son obligados a realizar dos inspecciones seguidas en un muy corto lapso de tiempo con la carga administrativa y el desembolso económico que esto conlleva", ha criticado el Defensor del Pueblo.

A su juicio, tampoco puede compartirse el argumento de la mejora de la seguridad vial, "puesto que ya parece suficiente salvaguardada con el plazo ordinario de vigencia de las inspecciones".

"A lo dicho, hay que sumarle que se están recibiendo quejas por la falta de capacidad de las estaciones de ITV en varias autonomías para ofrecer citas", ha añadido el Defensor del Pueblo, que preguntó a la Dirección General de Tráfico (DGT) si adoptará alguna medida en el caso de que resulte imposible asumir el volumen de vehículos pendientes de inspección y los periodos de vigencia de las ITV caduquen.

“La respuesta oficial indicó que la cuestión es ajena a su competencia, que están en manos de las comunidades autónomas”, sentencia el Defensor del Pueblo.