Los repartidores de Barcelona se manifiestan contra Colau

Ayer sábado cientos de conductores que hacen diariamente trabajos de reparto de mercancías por Barcelona y las localidades limítrofes se manifestaron contra las normas impuestas por la alcaldesa Ada Colau que les prohíbe, a la mitad de ellos, entrar en las zonas de bajas emisiones, por lo que tendrán que adquirir vehículos nuevos antes del próximo uno de enero de 2022. La nueva norma afecta a la Ciudad Condal y su área metropolitana

La Asociación Gremial de Autónomos para estos trabajos de reparto esenciales para la economía de la ciudad, instan a las administraciones locales a “establecer una regulación realista que tenga en cuenta la actual situación crítica que atraviesa el sector por el alza incontrolada de los carburantes y el desajuste en el mercado de venta de vehículos”. Y es que el próximo 1 de enero de 2022 tras la finalización de la actual moratoria, más de 6.000 vehículos pesados que hacen a diario la distribución y logística de Barcelona, y que representan más del 50% de la flota según los datos oficiales del propio Ayuntamiento, serán expulsados de la Zona de Bajas Emisiones.

Hay que tener en cuenta que la ZBE de Barcelona es una de las zonas de bajas emisiones más extensas y restrictivas de toda Europa, la cual abarca toda Barcelona capital y las ciudades limítrofes . Como han venido denunciado las estos empresarios y autónomos, “su aplicación no ha sido acompañada de las adecuadas modificaciones normativas para su aplicación específica y viable para el sector del transporte ni de una línea de ayudas para la renovación de la flota a las cuales se había comprometido la Administración para la reconversión del sector”.

Las mismas fuentes señalan que la crisis económica resultante de la covid-19 no ha hecho más que incrementar las dificultades de reconversión del sector y que la entrada en vigor de la ZBE se haya convertido en traumática, al poner en serio peligro tanto la distribución de bienes y servicios en Barcelona, como los miles de puestos de trabajo que de ella dependen. Ante esta situación, han solicitado que todos los vehículos que realicen esta actividad de reparto queden exentos de las restricciones de circulación y exigen un marco legislativo que de seguridad jurídica y garantice la actividad económica, además de ayudas económicas directas para poder llevar a cabo la sustitución de los vehículos y un plan estratégico de reconversión de vehículos, mediante la homologación de filtros y catalizadores.