El «pin parental» sube la tensión entre el Ministerio y Murcia, que se niega a retirarlo

El lunes vencerá el plazo previsto por el Gobierno central por el que a través de un requerimiento se indicó al Ejecutivo murciano que retirara el denominado «pin parental», es decir la autorización de los padres para que los hijos acudan a determinadas charlas impartidas por personal no docente, pero desde la Región de Murcia se ha reiterado que la medida es «constitucional» y no será eliminada. De hecho, estaba prevista para mañana una reunión entre la consejera de Educación, Esperanza Moreno, con la ministra del ramo, Isabel Celaá, que ha sido aplazada por una cuestión de «tiempos» en los que la Consejería está recaudando la información y documentación necesaria para trasladársela a los técnicos de la Moncloa. «Tenemos los informes favorables de los Servicios Jurídicos de la Comunidad y de la Alta Inspección que avalan la legalidad de la autorización. Por el momento, se va a seguir aplicando si no hay otra orden».

Así lo explicó hoy en rueda de prensa la portavoz regional, Ana Martínez Vidal, quien puntualizó que la reunión «no se ha cancelado, sino aplazado», y que si tal y como detalló Celaá se lleva a Murcia a los tribunales, «se acatará la decisión del órgano judicial».

La autorización, cabe recordar, fue una de las exigencias de Vox para apoyar los Presupuestos regionales de 2020, y llegó a generar ciertas fricciones en el Gobierno regional formado por PP y Cs, por el desacuerdo de la formación naranja de implantarlo. No obstante, la portavoz regional, miembro de la dirección de Cs en la Región, incidió en que su partido tiene muy claras cuáles son las «líneas rojas». «Apoyaremos las acciones que estén bajo los principios constitucionales y las que no fomenten el adoctrinamiento político», como el «pin parental».

Por su parte, la ministra recordó que el lunes vence el «plazo legal» para que la Comunidad lo retire. «Nosotros estamos ya dentro de un procedimiento, primero el requerimiento y, de no atenderse, el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por vía contencioso administrativo, implicando la suspensión cautelar de la medida».

El «pin parental», pese a ser condicionante para los Presupuestos, lleva implantado en la Región desde el inicio del presente curso, sin que haya generado, según el Gobierno regional, ningún tipo de incidencia.

Un mes para el Mar Menor

Por otra parte, y siguiendo en la línea judicial, la portavoz regional detalló que se han iniciado los trámites contra el Gobierno central para que actúe en el freno de los nutrientes que desembocan en el Mar Menor. «A Pedro Sánchez no le preocupa el tema de la laguna salada, y para nosotros es una prioridad recuperar el estado ambiental del ecosistema».

Por ello, anunció el envío de un requerimiento al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), se adopten las medidas oportunas para «eliminar de inmediato el aporte de sustancias nutrientes que la rambla del Albujón y el acuífero cuaternario realizan en el Mar Menor».

De no recibir respuesta en el plazo de un mes, la Consejería de Agua y Agricultura «interpondrá un recurso contencioso administrativo ante su inacción».

A su juicio, la protección de dicha «joya medioambiental» debería tratarse como un «asunto de Estado» pero la Comunidad se siente «abandonada» por el Gobierno de España.