Impugnan la asignación de destinos de 2.500 nuevos guardias civiles al ser considerada "ilegal"

La asociación Jucil ha presentado un recurso administrativo ante la Dirección General denunciando una supuesta "irregular e ilegal" gestión en la oferta de vacantes y asignación de destinos para los integrantes de la 129ª promoción (Baeza) y la 170ª promoción (Valdemoro) de la escala de cabos y guardias, compuesta por 2.316 y 228 personas respectivamente. Interior ha utilizado la vía de la "excepcionalidad" sin que puedan participar agentes con más antigüedad.

De esta forma, la entidad afirma que el procedimiento aplicado ha estado plagado de "errores, criterios erráticos y vulneraciones legales" que han generado perjuicios a múltiples colectivos de guardias civiles. Entre las principales quejas, Jucil destaca un uso injustificado, inoportuno y que condensa diferentes tratos discriminatorios, del procedimiento excepcional para asignar destinos sin publicación previa de vacantes.

"Consideramos que todos los integrantes de las promociones tienen derecho a realizar su solicitud de vacantes en idéntica fecha y en igualdad de condiciones, sin ningún otro condicionante a salvo del número de escalafón y de otros requisitos objetivos y legalmente habilitados que consten en relación a algunas vacantes. Todo ello sin perjuicio de que con posterioridad puedan existir vicisitudes que generen incidencias que deban ser ajustadas siguiendo los procedimientos habituales", añade.

La inclusión de vacantes bloqueadas durante años ha provocado que no que puedan solicitarlas agentes con más antigüedad, a lo que se suma las restricciones arbitrarias que han impedido pedir destino a guardias en prácticas en especialidades o de segunda convocatoria, situándolos en una posición de desventaja respecto del resto de sus compañeros.

"Debería conocer la institución que existe personal que llevaba años esperando la publicación y obtención de determinadas vacantes, y que esto rompe el principio de antigüedad y cualquier criterio razonable de gestión de los recursos humanos y enfoque de expectativas profesionales y conciliación familiar", apostilla.

Junto a todo ello, Jucil denuncia una oferta de plazas muy inferior a la de solicitantes, pese al déficit de efectivos existente en toda España, a lo que se suman las alteraciones sucesivas de listados y escalafones que cambiaron asignaciones ya comunicadas.

Así, la asociación profesional solicita rehacer el proceso de adjudicación, respetando los derechos de todos los afectados, publicando las vacantes en el Boletín Oficial de la Guardia Civil y ofreciendo un número de plazas suficiente para garantizar la equidad.

Incidencias y decisiones desacertadas

La organización reclama además que previamente se recabe la conformidad de los guardias civiles con las asignaciones iniciales para respetarla -extensivo a las que debieron asignarse aplicando el derecho preferente omitido- y que se convoque un nuevo proceso que incluya todas las vacantes disponibles y todas las que puedan añadirse, duplicando además las ya asignadas previamente que sean objeto de conformidad por los interesados para poder ofertarlas separadamente y no generar perjuicios ni a los adjudicatarios actuales ni a los que les puedan corresponder siguiendo un procedimiento correcto y legal.

"Es casi imposible encontrar un proceso con mayor número de incidencias y decisiones desacertadas", ha afirmado Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL, quien exige a la Dirección General una "rápida y decidida actuación" para reparar los perjuicios causados. Quiere que busquen una opción que no ofrezca ningún perjuicio para quienes ya han obtenido la asignación.