Sociedad
Miras advierte que el Mar Menor será una «sopa verde» si el Estado no actúa
El presidente murciano insiste en que la «inacción» del Gobierno central pone en peligro la recuperación de la laguna salada e insta a frenar los vertidos de la rambla del Albujón
La «sopa verde» del Mar Menor podría ser una realidad de nuevo si no se actúa de inmediato. Así lo advirtió ayer el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, quien instó al Ejecutivo central a tomar las medidas necesarias para evitar que la degradación que padece la laguna salada vuelva a poner en peligro el ecosistema ambiental de dicha «joya» única en Europa. «El Mar Menor se degrada cada día y será cuestión de semanas que vuelva a ser una sopa verde si el Gobierno central no actúa».
El jefe del Consejo de Gobierno incidió ayer que «no es verdad» que queden trámites pendientes de la Comunidad para que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) pueda actuar en los vertidos de la rambla del Albujón, tal y como señaló su presidente Mario Urrea. «Todas las competencias sobre esa infraestructura, por la que cada día entran seis toneladas de nitratos al Mar Menor, son del Estado, concretamente del Ministerio para la Transición Ecológica».
En este sentido, recordó que desde el Gobierno regional se han puesto en marcha todos los mecanismos pertinentes para frenar dicha degradación, por lo que pidió que dejaran de «echar balones fuera, porque nadie lo entiende».
Asimismo, puntualizó que el pasado jueves, en Consejo de Gobierno, se aprobó la interposición de un requerimiento al Ministerio para que tome medidas en el plazo de un mes. Una acción, dijo, que es el paso previo a emprender «medidas judiciales» contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
«Pin parental»
Por otra parte, durante su visita a la inauguración del nuevo parque de bomberos de Alhama de Murcia, e inquirido por el requerimiento del Ministerio de Educación para que el Gobierno murciano elimine el denominado «pin parental», el presidente regional reiteró que dicha medida «no se va a eliminar» a menos que así lo exijan las instancias judiciales.
Defendió la legalidad de dicha autorización que cuenta con los informes favorables de los Servicios Jurídicos de la Comunidad y la Alta Inspección Educativa, y aseguró que tendrá que ser un juez el que ordene la retirada de esa medida, y no el Ministerio.
«Si las instancias judiciales nos dicen que hagamos otra cosa, lo haremos, pero no lo eliminaremos únicamente porque nos lo diga un Gobierno que no cree en lo que nosotros creemos, como es la libertad de los padres y madres» a elegir la educación que quieren para sus hijos.
La medida es uno de los acuerdos alcanzados con Vox para que la formación de Santiago Abascal apoye los Presupuestos de 2020.
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