La inspección y los servicios jurídicos avalan el «pin parental» ante la amenaza del Ministerio

El tiempo exigido por el Ministerio de Educación para que el Gobierno regional retire el «pin parental» del sistema educativo llegó ayer a su fin. Tras un mes de polémica, de choques y de advertencias por parte de las administraciones estatal y regional, el Gobierno central iniciará hoy los trámites judiciales contra la Comunidad para que se elimine dicha «autorización» que permite a los padres decidir sobre si quieren que sus hijos acudan a charlas impartidas por personal no docente. No obstante, desde el Gobierno regional han reiterado en muchas ocasiones que están tranquilos, porque cuentan con el aval jurídico y de inspección que protege la medida. «Tenemos la tranquilidad de que las cosas se han hecho bien».

Así lo remarcó ayer el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, al ser inquirido por el recurso contencioso-administrativo que presentará hoy el Gobierno de Pedro Sánchez en la Audiencia de Murcia para bloquear el «pin parental».

«Contamos con la posibilidad de que el juez decrete la suspensión cautelar del veto hasta que se resuelva el asunto judicialmente y, si es así, lo acataremos».

Eso sí, Celdrán apuntó a que la actuación del Ministerio de Educación no es más que «una cortina de humo para evitar resolver el problema catalán».

Y es que, según el consejero, se ha llegado a este punto por una «falta de diálogo» entre Pedro Sánchez y el presidente murciano, Fernando López Miras, dado «que no ha atendido las llamadas ni del presidente ni de los consejeros murcianos, al contrario de lo que hace con los políticos independentistas».

De hecho, para Celdrán toda esta polémica generada alrededor del «pin parental» se debe exclusivamente a una «vendeta política», y así lo reafirma el hecho de que el Ejecutivo central vaya a retener el dinero de las entregas a cuenta para el pago a proveedores, o suprimiera el envío de agua a través del trasvase Tajo-Segura en noviembre y diciembre.

Cabe recordar que el pasado viernes estaba prevista una reunión entre la ministra de Educación, Isabel Celaá, y la consejera del ramo, Esperanza Moreno, que se aplazó a petición de la segunda dado que estaba recabando toda la documentación necesaria para demostrar al Ministerio la legalidad de la medida. No obstante, todavía no se ha fijado una nueva fecha para el encuentro.

Por su parte, el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, aseguró ayer que el «pin parental» ha quedado en manos de los tribunales, y serán ellos los que «valoren su posible suspensión cautelar». Desde el Gobierno regional, «acatarán» las decisiones que determinen las instancias judiciales.