Medio Ambiente
Las organizaciones agrarias de la Región de Murcia, en contra de derogar la ley del Mar Menor
Asaja, UPA y Coag presentaron en la Asamblea Regional una propuesta de modificación de la norma pero entienden que las actividades del entorno de la laguna necesitan regulación jurídica
Menos de una semana ha pasado desde que las principales organizaciones agrarias de la Región de Murcia (Asaja, UPA y Coag) presentaron una propuesta de modificación de la Ley del Mar Menor, en la que se requiere más precisión en las acciones que agricultores y ganaderos deben llevar a cabo en el desarrollo de las actividades que se realizan en el entorno de la laguna salada. Un texto que, no obstante, no contempla la derogación de dicha ley, tal y como han exigido los representantes de la Fundación Ingenio, tras anunciar una demanda colectiva contra el Gobierno regional y aliarse con Vox para acabar con la ley proteccionista. “Estamos en un momento de incertidumbre, y es cuando las soluciones simplistas despiertan más interés y tienen mejor acogida. Pero eso luego genera más frustración”.
Así de contundente lo ha expresado a LA RAZÓN el presidente de UPA Murcia, Marcos Alarcón, quien ha insistido en que es necesario “actuar y hacer compatible” la actividad económica y social con la protección ambiental. “Esto pasa por que las actividades sean sostenibles”. Y asegura que dicha compatibilidad entre el desarrollo económico de la zona y la protección ambiental es “posible”.
El titular de UPA también ha dado un golpe en la mesa y ha demandado más protagonismo de las principales organizaciones agrarias ante las Administraciones. “Hay que poner en el centro del debate y dotar de más valor a los órganos más representativos, porque al final, quien tiene más recursos -en referencia a la Fundación Ingenio- tiene más capacidad para hacerse un hueco”.
Según Alarcón, no es incompatible el desarrollo de la actividad agraria con la protección del Mar Menor, pero por eso mismo exigen que se acaben con los ámbitos “más subjetivos” y se abogue por medidas más concretas que ofrezcan “más garantía y seguridad jurídica” para los trabajadores del Campo de Cartagena.
Su principal petición, ha dicho, es que los responsables políticos en el parlamento autonómico, junto con los dirigentes del Gobierno regional, es que se “sienten a leer con atención las propuestas que hacemos en el texto de modificación de la ley, y poner en el centro
Por su parte, el presidente de Asaja-Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca asegura que la reunión de cientos de agricultores en Torre Pacheco responde a “un malestar general, tras años de desprestigio de dicho sector. Es lógico que tuviera una respuesta amplia de los agricultores”.
El dirigente aseguró que la Ley del Mar Menor cuenta con unas normas generales que “la mayoría de profesionales cumplen, y se trabaja con buenas prácticas. En base a criterios agrónomos, la ley se puede cumplir y, por lo tanto, se puede proteger el Mar Menor”. No obstante, ha señalado que en muchos aspectos, “ya tiene una regulación existente”.
Al igual que su homólogo, también pidió que se estudiara una modificación, “que se debata y se rectifique para que sea cumplible”. Y, además, asegura que en ningún caso se produciría un vacío legal en la regulación ambiental que no protegiera a la laguna, cuya normativa se endureció a raíz de los episodios de mortandad de peces.
Desde el Gobierno de la Región de Murcia se mostraron tajantes ante las exigencias de la Fundación Ingenio. “La protección del Mar Menor no es negociable”. Así lo expresó el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, a quien se ha sumado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo, quien aseguró que la normativa es “restrictiva, modélica y pionera, con los objetivos muy marcados: contribuir y garantizar la recuperación del Mar Menor trabajando con todos los sectores económicos”.
Luengo afirmó que ya se hizo un diagnóstico de la situación de la laguna, y se adoptaron las medidas pertinentes. “No vamos a perder ni un segundo”, dijo en respuesta a las presiones del lobby agrícola.
Además, reclamó más responsabilidad social con este asunto, dado su delicado estado, y pidió “cautela” y no utilizar el Mar Menor con pretensiones políticas. “Que no intenten utilizar un tema tan sensible con otro fin que no sea el del medio ambiente”.
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