El Campo de Cartagena anuncia una demanda colectiva contra la ley del Mar Menor

Enfado de los agricultores del Campo de Cartagena contra la ley del Mar Menor. Miles de profesionales de la Fundación Ingenio se reunieron en la noche de este miércoles para suscribir una demanda colectiva con la que quieren ir en contra de algunos aspectos que pretende regular la actividad en el entorno del Mar Menor. Según pusieron de manifiesto, “están basados en una gran mentira” e insisten en que la ley puesta en marcha por el Gobierno regional de Fernando López Miras tiene artículos “inconstitucionales”.

En un encuentro en Torre Pacheco, y tras dos años de vigencia del texto legal, aseguraron que consideran “vulnerados” derechos fundamentales recogidos en la Constitución. “Los agricultores se sienten cabeza de turco de la histórica dejación de las Administraciones, cuya consecuencia con los constantes vertidos de aguas fecales a la laguna, acreditados por evidencias científicas”.

Insisten en que la “demostración de fuerza” del principal sector productivo de la Región tiene “otro elemento de fondo: la criminalización de la agricultura”. Según Fundación Ingenio, se ha utilizado este sector como “coartada para pasar de puntillas sobre las causas más directas de la degradación de la laguna

En este sentido, los agricultores esgrimen que el factor determinante de la contaminación del Mar Menor y de las eventuales muertes de peces son las aguas fecales urbanas sin tratar, que vierten al Mar Menor directamente procedentes de los pozos ciegos, una red de saneamiento obsoleta y desbordada en épocas del año con mucha presión poblacional y la insuficiente depuración, como así se viene acreditando en informes de diferentes organismos y grupos de trabajo independientes. Ello ha dado lugar a la presencia de la bacteria fecal E.coli en cantidades muy superiores a las recomendadas.

“Tales vertidos fecales son responsabilidad exclusiva de las Administraciones locales”, que, según los agricultores, “eluden su responsabilidad culpabilizando en exclusiva a la actividad agrícola”. Por esta razón, los productores dicen sentirse “engañados, criminalizados y utilizados” para convertirse en víctimas de una “gran mentira”, dado que la presencia de nitratos agrícolas en la laguna es nula o ínfima, de acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Pese a su profunda “decepción” con un Gobierno regional “que no nos escucha ni nos recibe en serio”, los agricultores se ofrecen a ser una parte activa de la solución. Aseguran que existen iniciativas técnicas que hacen perfectamente compatible el mantenimiento de un Mar Menor saludable con la actividad económica, la agrícola y la turística. En esta línea, no aciertan a entender por qué no se ponen en marcha estos planes, cuya demora condenará a la agricultura, a otros sectores económicos aparejados, como la logística, y al porvenir de millares de familias.

Cabe remarcar que la demanda colectiva no va contra la totalidad de la ley regional, sino sobre algunos aspectos que, según indican, “son suficientes para hacer inviable la actividad agrícola, y no solucionarían el problema de la laguna”. Señalan que la ley vulnera el derecho a la libertad de empresa y de propiedad, así como que se viola el principio de igualdad.

Los agricultores demandantes aseguran que la ley, positiva en muchos aspectos, es letal para su sector, además por otra serie de razones. Entre ellas, por fijar un régimen sancionador específico que penaliza exclusivamente a la actividad agraria, mientras que no contempla apenas sanciones para el resto de las actividades humanas cuya implicación en la degradación del Mar Menor está demostrada. Asimismo, por permitir expropiaciones encubiertas del uso de las tierras y abocarlas a convertirse en campos con placas solares.