Bajan un 8,6 por ciento las denuncias por violencia de género en la Región, aunque es la segunda comunidad con mayor tasa

El número de denuncias registradas por violencia de género en los juzgados especializados de la Región de Murcia fue de 1.992 en el segundo trimestre del año, lo que supone una disminución del 8,6 por ciento, según el Informe trimestral del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, del que se ha hecho eco el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en una nota.

A pesar del descenso de número de denuncias registradas, la Región de Murcia continúa, con 25,7 víctimas cada 10.000 mujeres, por encima de la media nacional y se posiciona con la segunda ratio más alta del país, tras Islas Baleares, cuya tasa fue del 31,4.

De las 1.992 víctimas registradas, el 65 por ciento tiene nacionalidad española, mientras que el 35 por ciento restante procede de otros países, y 14 de ellas son menores de edad (12 españolas y 2 extranjeras).

El 73,1 por ciento de las denuncias recibidas en los juzgados con competencia en violencia de género de la Región fueron presentadas por la propia víctima en comisaría, y en otro 17,7 por ciento el procedimiento se abrió con el atestado por intervención policial directa.

Muy inferiores en número volvieron a ser las denuncias presentadas por el entorno de la víctima, que apenas alcanzaron el 3,1 por ciento, y el resto, un 6 por ciento, deriva de partes de lesiones remitidos al juzgado por centros sanitarios o servicios asistenciales.

El porcentaje de víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar aumentó un 22,7% con respecto al mismo periodo de 2022, lo que supone que durante el segundo trimestre tomaron esta decisión 7 de cada 100 mujeres víctimas en la Región. De ellas, 79 eran españolas y 56 tenían otras nacionalidades.

Entre abril y junio de este año se solicitaron en los órganos judiciales con competencias en violencia sobre la mujer un total de 440 órdenes de protección, un 2% más que hace un año. De ellas, 364 fueron adoptadas, un 10,6% más que el mismo periodo de 2022.

En el 50% de los casos, la relación de pareja --matrimonio o relación afectiva-- se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección al órgano judicial. Del total de mujeres que pidieron protección, 5 eran menores de edad.

Medidas judiciales, penales y civiles de protección

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 1.573 medidas judiciales penales de protección de las víctimas --mujeres e hijos menores que convivían con ellas--.

Las más frecuentes fueron las 300 órdenes de alejamiento y la prohibición de comunicación, en 295 casos. En 25 casos se privó de libertad al denunciado y en 46 se ordenó la salida del domicilio.

Asimismo, los órganos judiciales murcianos dictaron 419 medidas cautelares civiles para la protección de la mujer y los hijos menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (117) y con la atribución de la vivienda (90).

Durante el segundo trimestre de este año también se acordaron 94 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas a los hijos, se suspendió la guardia y custodia en 42 casos, mientras que en 18 se suspendió la patria potestad, como medidas específicas de protección del menor.

Más del 90 por ciento de las sentencias fueron condenatorias

El número total de sentencias dictadas por violencia de género fue de 760. De ellas, 692 (el 90,47%) fueron condenatorias y 68 (el 9,53%), absolutorias.

El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo, como en años anteriores, en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 98,15%. Fue en estos órganos judiciales donde, además, se incrementó el número de sentencias dictadas: 550 se notificaron en el trimestre, 100 más que hace un año.

Por su parte, entre abril y junio de este año los juzgados de menores enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer a un menor de edad (hace un año fueron 5 menores), al que se le impusieron medidas.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, ha expresado su preocupación ante el aumento de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas desde finales de 2022, y ha alertado de la situación de "riesgo extremo" para muchas mujeres que estos crímenes evidencian.

Asimismo, ha mostrado su repulsa y ha hecho un llamamiento a todas las instituciones para que extremen la vigilancia y a la sociedad en su conjunto para que colabore de una manera decidida en la prevención de la violencia de género.

"Los datos del segundo trimestre de este año vuelven a mostrar que son muy pocas las denuncias, presentadas en comisaría o en el juzgado, que provienen del entorno de la víctima y de terceras personas en general", ha comentado.

Carmona ha destacado la importancia de que los ciudadanos asuman y tomen conciencia de que pueden salvar la vida de una persona. "En las manos de cada uno de nosotros/as puede estar la vida de una víctima de violencia de género y la vida de sus hijas e hijos. En la mayoría de los asesinatos que tristemente tenemos que lamentar, no había denuncias previas", ha recordado la presidenta del Observatorio, que ha animado al conjunto de la sociedad a denunciar cuando sospechen que una mujer puede estar siendo víctima de este tipo de violencia.

El llamamiento de la presidenta del Observatorio se hace extensivo a todas las instituciones implicadas en la lucha contra violencia machista, a las que ha pedido un "esfuerzo renovado" para hacer frente "de una forma más efectiva" a esta lacra y para aprobar medidas que pongan el foco en la prevención de los crímenes; y a la clase política, a la que ha reclamado "unidad y consenso" en una materia que "destruye familias, deja menores huérfanos y le cuesta la vida a tantas mujeres y niños".

En opinión de Carmona, es "fundamental" sacar la violencia de género de la lucha partidista y reeditar el Pacto de Estado para "seguir avanzando por la vía que España, pionera a nivel mundial en esta materia, emprendió con la Ley 1/2004 y continuó con el acuerdo de una amplísima mayoría parlamentaria en 2017".

"El Pacto de Estado fue un hito y ha sido imprescindible para proveer a las instituciones de fondos para financiar los medios materiales y personales necesarios en la lucha contra la violencia machista", ha concluido.