El Gobierno autonómico aseguró ayer que fue «pionero» en la adopción de medidas contra la pandemia de Covid-19, que fueron beneficiosas para la Región de Murcia. Así lo afirmó en el Consejo de Gobierno su portavoz, Marcos Ortuño, quien destacó que el Ejecutivo de Fernando López Miras se anticipó a la declaración del Estado de Alarma del Gobierno de Pedro Sánchez, de la que se cumple este viernes el quinto aniversario.

Una de esas medidas fue el cierre de las fronteras de los municipios costeros de la Región (San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Cartagena, La Unión, Mazarrón y Águilas), ya que el Ejecutivo constató un éxodo de ciudadanos procedentes de otras comunidades, especialmente de Madrid, que aprovecharon la coyuntura pandémica para poner rumbo a sus segundas residencias, en busca del buen tiempo y una menor interacción social, tal y como recomendaban las autoridades sanitarias.

«No existirá la libertad de movimiento», decía un 13 de marzo de 2020 el jefe del Ejecutivo autonómico. Una decisión que supuso un auténtico choque de trenes con el Gobierno central por un supuesto conflicto de competencias. «Sabemos que la pandemia ha deparado una situación única jurídicamente, pero no se ha suspendido la autonomía, ni se ha derogado la ley de Salud Pública regional», afirmaba López Miras en una comparecencia ante los medios.

Esta medida supuso el confinamiento de 376.000 personas que residían en los municipioscosteros, en un momento incipiente de incertidumbre en el que habían perdido la vida 100 personas en España y más de 4.200 habían dado positivo en coronavirus. Dos años más tarde, en 2022, más de 460.000 personas habrían perdido la vida a causa de la Covid-19 en nuestro país, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística. «Se tomó muy seriamente ese cierre, porque era un mal menor, era muy importante que no hubiera relaciones sociales», aseguró el jefe del servicio de Prevención y Protección para la Salud de la Comunidad, Jaime Jesús Pérez.

En este sentido, el portavoz del Ejecutivo regional aseguraba que la pandemia «dejó un profundo dolor, pero que también sacó lo mejor de nuestra sociedad: la responsabilidad, el esfuerzo colectivo y la entrega de quienes estuvieron en primera línea, especialmente, nuestros profesionales sanitarios y quienes garantizaron los servicios esenciales». Ortuño destacaba que el Gobierno regional, del que es la cara visible, «tomó decisiones valientes e hizo una gestión eficaz».

Financiación autonómica

El Gobierno de López Miras se mostró ayer también especialmente crítico con la forma en la que el Ejecutivo de Sánchez convoca a las diferentes regiones para abordar la financiación autonómica, en concreto, al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que está previsto que se celebre a finales de este mes de marzo.

«Nos envían un correo electrónico para tener una reunión técnica para hablar de algo que ya ha pactado Pedro Sánchez con los independentistas», apuntaba Ortuño. No solo no gusta al Gobierno regional la vía de comunicación del departamento que dirige la ministra de Hacienda María Jesús Montero, sino el contenido de esa reunión que, presumen, servirá para poco o nada.

«Nosotros reiteramos nuestra postura, que no es otra que no se puede abordar la condonación de la deuda, al margen de la reforma del sistema de financiación autonómica», resaltaba el portavoz regional. Además, Marcos Ortuño recordaba las cifras y decía que la Región deja de percibir 650 millonesde euros, respecto a la media de otras comunidades autónomas. «Esa diferencia llega a los 1.200 millones de euros con respecto a la comunidad mejor financiada, que también es uniprovincial», destacaba el portavoz.

Así, concluía que la Región no necesita «parches» y reclamaba por enésima vez una reforma urgente del sistema de financiación autonómica, que equipare a la Región con el resto de comunidades y termine con la desigualdad entre territorios.