11 concejales «fusilables»

Lo sucedido anteayer durante un Pleno del Ayuntamiento de Valladolid es una lamentable consecuencia del clima político de confrontación y radicalización que Sánchez y su sanchismo han traído a España. Durante el debate de una moción del grupo socialista se produjo un intercambio de agrias acusaciones entre el concejal interviniente por parte del grupo de Vox y el portavoz socialista, que llegó a su culmen cuando en su réplica a la acusación proferida de ser el PSOE «el partido más corrupto y criminal de la Historia de España», el socialista se dirigió a él diciéndole: «Señor X, haga usted el favor de apuntar estos 11 nombres -los de su grupo municipal- como fusilables cuando ustedes tengan mayoría absoluta». Al negarse a retirar esas palabras, el alcalde del Pp anunció que no constarían en el acta en medio de un clima político de gran crispación. Este episodio por desgracia no es una excepción, sino que es un reflejo del clima de polarización política que ha creado Sánchez con su estrategia de intentar justificar sus pactos con comunistas, secesionistas y sucesores políticos de ETA. Presentándolos como la necesidad de crear un muro político y social entre ellos -los auto considerados como progresistas (ahora ya ex feministas)- frente a la derecha y la ultraderecha, y evitar así el acceso de estos al gobierno. La ley de memoria histórica, ahora transformada en «democrática», es un ataque frontal al clima de consenso y reencuentro político y social que permitió alumbrar la Constitución. Por el contrario, esas leyes promueven nuevamente la existencia artificial de las «dos Españas» que culminaron su enfrentamiento en la trágica guerra civil. Esas leyes tienen por objetivo reescribir la Historia de España al gusto de los actuales «progresistas» virtuales sucesores políticos de las formaciones que promovieron en octubre de 1934 el golpe de Estado revolucionario contra el gobierno de la Segunda República por ser de «derechas». Y que conformaron en enero de 1936 el Frente Popular que accedió al gobierno -previo pucherazo- en las elecciones de febrero de ese trágico año. Ninguno de estos acontecimientos está incluido en el ámbito temporal de aplicación de la democrática memoria legalmente establecida por no ser del gusto «progresista» que considera que la violencia y la guerra fue de la exclusiva responsabilidad de los fascistas de la derecha. Ese intento de reescribir la Historia pretende legitimar cualquier opción de llegar al gobierno para impedir que lo haga la «ultraderecha», que es lo que está haciendo el sanchismo. Una de las consecuencias de esa estrategia es la radicalización política que ha tenido en este caso una materialización muy lamentable. Y que debe evitarse que se generalice.