Un problema

Tenemos un problema. Sabemos que el independentismo pilotó un proceso revolucionario destinado a socavar la existencia misma de España. Una voladura de las normas e instituciones de Estado, del orden constitucional y de los derechos políticos de los ciudadanos españoles. Bien, golpistas hubo y habrá en la historia. En nuestro país, unos cuantos. Para responderles están los jueces y, en caso de fuga, una euroorden anclada en la idea de la confianza mutua. Y ahí culmina el desastre. Y digo culmina porque cuando la juez alemana se extralimita al punto de examinar los supuestos delitos y enmendar la plana al Tribunal Supremo, o sea, cuando transforma la euroorden en algo así como una solicitud de extradición, remata un proceso nacido de la angustiosa incapacidad del gobierno central para afrontar a los golpistas. Si hace un lustro hubieran aprobado un 155 no chapotearíamos en la actual ciénaga. Añadan que en Alemania los partidos secesionistas están directamente prohibidos. Por tanto el delito de alta traición solo podría cometerlo, no sé, un general de la Luftwaffe. Jamás un miserable político a cargo de un Land. Habría sido inhabilitado y posiblemente encarcelado. O aparcado en una chaise lounge con vista al monte. Cualquier cosa antes de que sacara adelante un referéndum de autodeterminación o proclamase la independencia. La decisión de la juez tiene que ver con su estupefacción por lo ocurrido. Inconcebible en cuadrada cabecita germánica. Tampoco descarten el hipotético menosprecio hacia el vecino del sur. Prejuicios a los que llegaría tras la gota malaya denunciada por la profesora María Elvira Roca en su fundamental ensayo. E irrigados estos días con la lectura de la prensa extranjera. Ese relato goyesco de una España entre el mito lorquiano y la Pamplona donde Hemingway bebía hasta caerse. Ahora, la resistencia al antibiótico fáctico tiene que ver con nuestra incapacidad para explicar por el mundo de qué va España. Puesto 19 de 167 naciones evaluadas en la edición de 2017 del ranking de calidad democrática de la revista «The Economist». 8,08 puntos, «democracia plena», por 7,98 de EE UU e Italia, 7,80 de Francia o 7,78 de Bélgica, todas ellas encuadradas en la categoría de «democracia defectuosa». Sin olvidar 103 condenas en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo entre 1959 y 2017 por 2.988 de Turquía, 2.127 de Rusia, 1.819 de Italia, 728 de Francia y, oh, 193 de Alemania y 171 de Bélgica.