Podemos alquilar, o no

Leo en un documento de Podemos: «La burbuja en los precios de los alquileres de las principales capitales requiere de medidas que garanticen el derecho a una vivienda digna».

Hablan de vivienda digna, cuando quieren decir una vivienda cuyo propietario o inquilino no pague el precio de mercado, lo que significa que el vendedor o arrendador no va a cobrar dicho precio.

O sea, el poder político obligará a las trabajadoras a pagar la diferencia. Admito que es una forma poco habitual de definir el «derecho a la vivienda», pero tiene la peculiaridad de explicar lo que realmente sucede.

Ese derecho, como todos los derechos sociales, exige la violación del derecho de los trabajadores a conservar su salario, que necesariamente se verá quebrantado por los mayores impuestos que esos derechos sociales demandan.

Y en el caso de Podemos, los demandan cada vez más.

La prueba está en las «soluciones» de los populistas. Primero: más gasto público. Es decir, más impuestos. Lo disfrazan porque no hablan de quién lo va a pagar pero, «parque de alquiler público» significa mas impuestos. Segundo: más regulación, más burocracia y más control de precios. Como si no hubiera siglos de historia económica que prueban las deficiencias de tales medidas.

Tercero: violación de la propiedad privada, con esta joya retórica: «Las viviendas vacías de grandes propietarios (personas físicas o jurídicas que dispongan de un significativo número de viviendas) sin debida justificación deben movilizarse hacia el alquiler social a través de la expropiación temporal de su uso».

El resultado de todo este progresismo será una oferta menor de viviendas en alquiler y unos precios mayores.

Por cierto, una vez más, Podemos prueba su cercanía con la dictadura franquista, que también intervino en el mercado del alquiler y prácticamente se lo cargó.

Dicho intervencionismo es antiguo y existe en muchos países, empezando por Estados Unidos, ese supuesto paradigma liberal. Un estudio de tres profesores de la Universidad de Stanford analiza lo sucedido tras el control de alquileres en San Francisco, donde se regularon los precios y se dificultaron los desahucios.

La conclusión de dicho estudio es que las consecuencias del intervencionismo son las contrarias de las que predica la política progresista.

Los afortunados que acceden a las viviendas con precios controlados y desahucios más difíciles de ejecutar son, sin duda alguna, beneficiados. Pero son cada vez menos porque la oferta de esas viviendas disminuye de modo cada vez más apreciable.

Los propietarios, naturalmente, no quieren ser expropiados, con lo que utilizan todos los resquicios legales a su alcance, como convertir sus viviendas en comunidades o cambiar su diseño para eludir el control; o lo que llaman el desalojo por mudanza: es decir, irse a vivir ellos mismos a la vivienda alquilada; o pagar a los inquilinos para que se vayan. Como consecuencia, aumenta el coste del alquiler para la mayoría del pueblo, los no beneficiarios del control, y los ricos se van al centro de las ciudades: «La combinación de más gentrificación y las políticas en favor de los alquileres con rentas controladas ha conducido a un mayor nivel de desigualdad».