Opinión
Libres
Sobre el abominable delito atribuido a los autodenominados miembros de «la Manada» hay gran confusión, opiniones, ruido y furia. Como siempre, la ideología entra en acción y se habla del supuesto «feminazismo» de las mujeres que protestan por la sentencia o la puesta en libertad de los encausados. Hay quienes hablan de «hembrismo, dictadura feminazi, feminismo radical...», etc., con el objetivo de ridiculizar y, por tanto, desactivar en lo posible las reclamaciones de justicia e igualdad de las mujeres. Casi nadie es neutral y desapasionado respecto a las decisiones de los jueces encargados de este proceso. Todos nos sentimos concernidos. Y es que estamos asistiendo a algo más que a un mero juicio –legal y/o público– sobre un asunto tan delicado como es la violación (grupal). Muchos no saben cómo definir una violación, y de ahí procede buena parte del desconcierto.
La defensa de los acusados se ha basado en que el caso no es más que un episodio de «sexo consentido entre adultos», mientras la acusación, desde la fiscalía al defensor de la víctima, ve un delito de agresión sexual, entre otros. Más allá de la discusión jurídica, deberíamos sacar conclusiones. Verbigracia, que la sociedad ya no tolera –como históricamente venía haciendo– la normalización del atentado sexual hacia las mujeres, ni lo considera «inevitable», y vergonzoso (solo) para las víctimas. El legislador debería adecuar la ley a la percepción social del delito. Hay que definir legalmente el consentimiento en la relación sexual: se obtiene exclusivamente cuando hay un «sí» libre por parte de la mujer; porque ni callar, ni permanecer quieta y paralizada, sometida, es consentir. La vergüenza de la víctima, hasta ahora, venía también envuelta en el miedo a ser tomada por una «frívola, ligera de costumbres» (como se decía antaño, eufemísticamente), o «una zorra, una fulana». Ya no. Con esos calificativos se intentaba denigrar a la mujer, considerando que si es «atolondrada, promiscua, una prostituta..., ella se lo ha buscado» (la violación). El cambio de paradigma está teniendo lugar ahora, porque las mujeres se han dado cuenta de que, aún en el caso de que las víctimas fuesen unas prostitutas –profesionales o vocacionales– nadie tiene derecho a atentar sexualmente contra ellas, y que la ley y la sociedad las protegen, salvaguardan su libertad. O deberían hacerlo.
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